Cuesta votar

El remedio no llegó a tiempo. La iniciativa de Unidas Podemos y del PSOE de reformar la fórmula del voto rogado, que complicó desde 2011 la participación en las elecciones de los más de dos millones de españoles que residen en el extranjero, no ha arreglado finalmente nada. Hace unos días, el INE informó de que solo 176.547 personas solicitaron votar el próximo domingo 28. Se trata del 8,4% del total de los españoles con derecho a acudir a las urnas que viven fuera, un porcentaje semejante al de las elecciones de 2016 (8,8%). Si entonces finalmente solo pudo votar el 6,3%, en esta ocasión la cifra puede ser sensiblemente inferior. Participar en unas elecciones sigue siendo, para cualquier español que reside en el extranjero, una verdadera pesadilla.

Tampoco parece que haya sido muy fácil votar por correo dentro de España. La Junta Electoral Central (JEC), a instancias del PSOE, acordó el miércoles prorrogar un día más, hasta el 26, el plazo de entrega de la documentación para participar en la cita del domingo. Las largas colas en las oficinas de Correos, que llegaron a durar varias horas, vinieron a confirmar que no se había valorado con la suficiente antelación hasta qué punto podía distorsionar las previsiones habituales la singularidad de que, en esta ocasión, la Semana Santa alterará profundamente las gestiones para votar en la cita del 28. También fuera de España se había tenido unas semanas antes que ampliar el plazo para solicitar el voto rogado, en ese caso por problemas técnicos de la web del INE.

Tanta complicación a la hora de ejercer un derecho constitucional básico, como es el de elegir a los próximos diputados del Congreso y el Senado, casa mal con el funcionamiento de una democracia avanzada. En el caso del voto rogado, el Parlamento Europeo y la JEC ya habían instado a los partidos políticos a que arreglaran la situación, una vez que se hubo comprobado que con las modificaciones que se introdujeron en 2011, la participación en la cita de ese año cayó en picado comparada con la de las elecciones generales de 2008: del 31% al 4,9%. Es cierto que el voto rogado nació con la voluntad de evitar el fraude y que pretendía corregir numerosos errores en el censo: el vía crucis de gestiones al que se vieron obligados los españoles en el extranjero casi liquidó su participación.

No es problema menor que una democracia termine expulsando de las urnas a los votantes que quieren elegir a sus representantes, complicándoles la vida cuando tienen que hacerlo desde fuera de España o por correo cuando les toca hacerlo desde dentro. El fracaso es inadmisible, y los responsables, los partidos políticos, no pueden seguir sorteando a lo largo de las legislaturas cuestiones de tanta importancia, que luego se apresuran a resolver poniendo parches con leyes técnicamente malas.