Cómo encajar miles de refugiados en un país pobre

El camino es un infierno de baches, tráfico, cláxones, humo, y polvo, mucho polvo. Cae el sol, y los últimos rayos de la tarde iluminan la carretera en mal estado que recorre los campos de refugiados rohingya de Bangladés, en la región de Cox’s Bazar. A menos de 10 kilómetros aguarda la militarizada frontera con Birmania, de donde esta comunidad musulmana, la rohingyá, huye de una limpieza étnica desde 2015. En un punto de esta calzada, Jiaul Holve espera sentado en su motocicleta, una imponente Honda de color negro. Lleva una chaqueta de chándal de la Juventus, tiene 33 años, la mirada bondadosa, y es el alcalde de una de las aldeas locales de la zona. Como tantos otros bangladesíes, ha visto con sus propios ojos la llegada masiva de esta comunidad, que acaparó titulares el verano de 2017, pero que casi un año y medio después, se está quedando en el olvido. 

Jiaul prepara una mesa de madera y cuatro sillas de plástico. Pide té y café, y empieza a hablar con un tono especialmente frustrado. “Sabemos que los rohingyá han sufrido mucho, que el ejército [birmano] llegaba a sus aldeas y les mataban, pero aquí la situación se está volviendo insostenible. Ha llegado muchísima gente, y la forma como se está gestionando este éxodo está teniendo consecuencias negativas para nosotros".

Entonces Jiaul alza la vista y señala con la mirada varias colinas deforestadas llenas de chozas y chozas de bambú que se amontonan hasta donde la vista alcanza. “Todo esto es un campo de refugiados, todas estas casas que ves son de rohingyas… las construyeron cuando llegaron”, explica. Levanta el dedo y lo mueve solo unos centímetros hacia la derecha. “Este es nuestro pueblo, aquí vivimos nosotros”. A simple vista, es difícil diferenciar el campamento de la aldea local. Están prácticamente pegados. La sensación de bullicio y aglomeración es palpable en cada esquina, especialmente en el mercado o en una especie de descampado que sirve de punto de parada para autobuses y tuk-tuks —una moto de tres ruedas muy habitual en la zona—. “Nuestro paisaje ha cambiado mucho, y también nuestras vidas…”, cuenta.

Consecuencias de un éxodo masivo

El lamento de Jiaul, compartido por la mayoría de bengalíes de la zona, es la otra cara de la brutal violencia contra esta comunidad repudiada por Birmania. En agosto de 2017, cuando la persecución étnica llegó a su punto más violento, Bangladés recibió y acogió a unos 800.000 refugiados prácticamente de golpe. Bajo gestión del gobierno bangladesí, se instalaron en Cox’s Bazar, de unos dos millones de habitantes. Actualmente hay siete campos, que se levantaron en la zona más al sur, donde vivían unos 700.000 ciudadanos locales. En muy poco tiempo, esta parte de región recibió un número aproximadamente igual a su población total. Desde entonces, el olvido político se ha cebado aún más con ellos: tanto con los rohingyas, que malviven en estos campamentos con las heridas del horror y sin saber si algún día podrán volver a su casa; como con los bangladesíes, que han visto que su día a día, que antes ya era complicado, lo es ahora cada vez más.

En su oficina de Cox’s Bazar, capital de la región homónima, Abu Morshed tiene preparados varios documentos y folios en blanco sobre la mesa de reuniones. Es el director de la ONG local Phals, una de las pocas que trabajan para ayudar a la población autóctona que se ha visto afectada. “Las principales son en el ámbito económico y en el medioambiental”, dice. Si se miran imágenes de antes y de ahora se ve claramente la diferencia: antes del éxodo, esta parte de la ciudad era una zona prácticamente virgen, con infinidad de colinas verdes que se intercalaban con campos de cultivo, principalmente de arroz; hoy, están llenas de barracones y tiendas de los refugiados. “Cuando los rohingya llegaron, el gobierno y el ejército dio permiso para que habitaran estas zonas naturales… esto ha sido un desastre. Claro que teníamos que darles refugio, pero se hubiera tenido que hacer de una forma mejor”, continua Abu. “¿Cómo? pues por ejemplo repartiéndonos la acogida con otras partes de Bangladesh”.

Se calcula que desde agosto de 2017 el número de ejemplares que se han cortado supera ya los dos millones

Abu Morshed pone especial énfasis en la tala de árboles, una de las consecuencias más visibles de esta mala gestión. Se calcula que desde agosto de 2017 el número de ejemplares que se han cortado supera ya los dos millones. “Primero los taalron para tener espacio donde construir las chozas, pero ahora siguen haciéndolo para tener leña para cocinar, construir o incluso vender”, suspira. La quema constante de madera, sumado a la deforestación y a la mayor afluencia de personas y sobre todo vehículos ha provocado que la calidad del aire también se haya visto afectada. En el campamento de Balhukali, el segundo más grande, el humo es particularmente molesto por la tarde, cuando el tráfico aumenta y las hogueras se multiplican.

Dificultades económicas

Sentado en una de las callejuelas adyacentes a este campo, a Jafaralam Hoque el humo, muy probablemente, ya no le preocupe. Tiene 40 años, lleva un bigote negro que le endurece la mirada y su relato explica otra de las realidades derivadas de esta situación. “Yo antes tenía mi propio terreno: un campo de arroz y un huerto. Lo cultivaba y nos ganábamos la vida”, explica Jafaralam, un bangladesí que nació en la localidad de Ukhya. Este “antes”, claro, hace referencia a los tiempos previos al verano de 2017. Se le enturbia la mirada cuando recuerda que, de un día para otro, el Gobierno cedió sus terrenos sin pedirle permiso. “No me dieron ninguna solución, me dijeron que no insistiera si no quería problemas… simplemente, argumentaron que el Gobierno había tenido que ceder terreno para acoger a los rohingyas y que yo había sido uno de los damnificados”.

El caso no es, ni mucho menos, aislado. El Gobierno utilizó esta práctica con muchos agricultores, que han acabado perdiendo sus tierras y ahora sobreviven como pueden para, como en el caso de Jafaralam, llevar un plato de comida a su familia. “No me han dado ningún tipo de indemnización”, apunta el hombre. Sin tierras a su propiedad, Jafaralam trabaja como simple mano de obra: otros agricultores le pagan para que cultive campos ajenos. Si antes cobraba 1.000 takas al día (unos 10 euros), ahora gana unos 300 (tres euros). “Y trabajo más horas”, lamenta. De media, unas 11 al día. Pero no hay opción: por la noche, cuando llega a casa, sus cuatro hijos y su mujer le están esperando hambrientos.

Muchos agricultores se aprovechan de la situación y prefieren contratar a rohingyas porque debido a su vulnerabilidad aceptan trabajar por mucho menos dinero

Los bangladesíes de la zona también denuncian que el precio de la mano de obra ha bajado considerablemente. “Muchos agricultores se aprovechan de la situación y prefieren contratar a rohingyas porque debido a su vulnerabilidad aceptan trabajar por mucho menos dinero”, recalca Abu Morshed. Y esto es especialmente preocupante en un contexto económico como el que condiciona Bangladés, donde el 30% de la población ya vive bajo el umbral de la pobreza.

“Desde el Gobierno hacemos todo lo posible para gestionar de la mejor manera esta situación. Eso sí, pedimos mucha más sensibilidad de las organizaciones internacionales por la población local”, dice desde su oficina en Cox’s Bazar Mohammad Abul Kalam, director del Comisariado de Ayuda a los Refugiados y Repatriación de esta provincia. Sus palabras chocan, por ejemplo, con el testimonio de Jafaralam, que culpabiliza a la Administración de haber perdido su tierra y no haber recibido ningún tipo de ayuda o compensación económica. Pero Jafaralam, igual que muchos otros, no se atreve a manifestar abiertamente estas quejas porque sabe que si lo hace tendrá consecuencias. Dicen que si salen a la calle a protestar, el gobierno les arrestará.

Un recelo que preocupa

Uno de los grandes riesgos que el malestar creciente de los bangladesíes lleva de la mano es que derive en recelo, e incluso odio, hacia los rohingyas. La mayoría de los locales entrevistados coinciden en una cosa: cuando los refugiados llegaron, estuvieron contentos de ayudarles —en parte, porque tenían el “deber” de acoger a sus “hermanos musulmanes” perseguidos en un país, Birmania, de mayoría budista—, pero ahora, un año y medio después, ya no lo están tanto. El olvido institucional que viven ha hecho que muchos bangladesíes consideren a los refugiados responsables del declive de sus vidas y de su región.

Salem es uno de ellos. Trabaja de barman en uno de los escasos locales de Cox’s Bazar donde se sirve alcohol. Tocado con una corbata y un chaleco negro brillante, prepara tres gintonics y varios chupitos de vodka para un grupo de jóvenes que están de vacaciones en la ciudad, uno de los principales destinos de los locales que pueden permitirse pasar unos días de vacaciones en la playa. Cuando se les pregunta por los rohingyas, frunce automáticamente el ceño. “Bangladés es un país con mucha gente, Cox’s Bazar es una zona pequeña… no podemos asumir la llegada de tantas personas”, expresa. Explica que él fue uno de los voluntarios que se desplazó a los campos para ayudar durante las primeras semanas. Pero ahora su visión ha cambiado. “Es hora de que vuelvan a Birmania, aquí no podemos… es difícil”, insiste. Entonces baja el tono de voz y mira a los lados con disimulo. “Si no se marchan, acabarán destruyendo nuestro país”.

Y es en este susurro de Salem donde se puede ver el creciente, peligroso y preocupante rechazo social hacia los rohingyás, una de las minorías étnicas más perseguidas del mundo y los primeros, según afirman la inmensa mayoría de ellos, en querer volver a su Birmania natal. Eso sí, siempre que sea seguro hacerlo. Eso sí, siempre que se les garantice que el gobierno birmano no les volverá a masacrar.

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