Tres ríos en el mundo tienen derechos. Uno es este y ‘vive’ amenazado

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En el río Atrato, el nacimiento de un niño es un gran acontecimiento. Los indígenas embera, en cuanto saben la buena nueva, corren a bañarse en sus aguas para desear que ese nuevo ser abandone la pereza tras haber estado tanto tiempo en el vientre de la madre y sea activo. Las mujeres afrodescendientes también lo celebran repartiendo dulces y compartiendo una botella de aguardiente mientras lavan la ropa en la orilla. Para las comunidades negras e indígenas que habitan desde tiempos ancestrales en está zona del Pacífico colombiano, su río lo es todo. Es su despensa para pescar, su vía para transportarse, el lugar donde realizan sus acciones más cotidianas como preparar la comida y lavar los platos, el espacio de encuentro para charlar o donde los niños y niñas juegan a todas horas. La vida en este vasto territorio interétnico de la región de El Chocó está íntimamente relacionada con las aguas del Atrato.

Desde hace algunas décadas, la plácida vida en este río que recorre la selva de la segunda región más biodiversa del mundo hasta desembocar en El Caribe empezó a desvanecerse. El Chocó se convirtió en un teatro de guerra. Llegaron los actores armados: guerrilla, paramilitares y ejército que dejaron miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Llegó también el narcotráfico y la explotación salvaje de sus recursos naturales. El río se llenó de dragas y retroexcavadoras para buscar oro y lo contaminaron de ingentes cantidades de mercurio. La minería se apoderó del río y el pescado empezó a escasear. Todo, sumado a un permanente abandono estatal, unas altas condiciones de pobreza y a una nueva reconfiguración del conflicto armado tras la firma de la paz por parte de las FARC. Los territorios abandonados por la antigua guerrilla fueron copados por otros grupos, como bandas criminales herederas del paramilitarismo y la guerrilla del ELN. El Atrato tuvo que pedir auxilio y las comunidades dijeron basta.

Una demanda al Estado colombiano interpuesta por diferentes organizaciones que defienden el territorio chocoano terminó en 2016 con una sentencia histórica de la Corte Constitucional instando a diferentes instituciones competentes a proteger, conservar, mantener y restaurar el Atrato. Era la tercera vez en el mundo que un río era reconocido como sujeto de derechos. Antes, lo habían sido el Ganges en La India y el Wanganui de Nueva Zelanda. Sobre el papel, la sentencia sostiene que el  Atrato es una entidad viviente de la que dependen otras formas de vida y culturas por lo que otorgarle derechos supone de facto proteger a las comunidades que habitan su cuenca. El auto pone el acento en el tema de la seguridad alimentaria y ambiental, en el control de la minería y en el análisis de la toxicidad del río.

La sentencia sostiene que el río Atrato es una entidad viviente de la que dependen otras formas de vida y culturas por lo que otorgarle derechos supone de facto proteger a las comunidades que habitan su cuenca

Tras la resolución, más allá del diagnóstico, apenas ha habido algunos avances para tratar de articular la participación de las comunidades con la intención de ver qué tipo de desarrollo se pretende. También se encargó un macroestudio para tomar muestras que permitan saber el alcance de la contaminación de las aguas y poder implementar, de ser necesario, un plan integral de salud para la población. Los resultados del estudio no se conocerán hasta dentro de dos años. Otros informes realizados, de carácter más limitado, determinaron ya altos niveles de contaminación por mercurio que obligaron a poner en marcha algunas alertas comunitarias que restringieron el consumo de peces. Existe también mucha preocupación por los efectos que ese mercurio pueda tener en la leche de las madres lactantes.

La sentencia es esperanzadora, pero también hay serias dudas sobre si conseguirá revertir la situación. Para garantizar su implementación, la Corte creo la figura de los guardianes del Atrato, entre los que se encuentran varias instituciones y ministerios gubernamentales como el de Ambiente, así como siete hombres y siete mujeres en representación de las comunidades indígenas y negras. Nixon Chamorro, líder indígena embera, es uno de los guardianes. No deja de ser escéptico, pero reconoce que la sentencia es una gran oportunidad. “Aquí tenemos claro que debemos dejarle a nuestros hijos el mismo río que nos dejaron nuestros abuelos. Tanto los territorios indígenas como los de las comunidades afro son territorios colectivos reconocidos por ley y como tales debemos ejercer nuestra autonomía. No podemos seguir replicando sistemas económicos que destruyen nuestra naturaleza. Tenemos que construir una propuesta de desarrollo económico propio sin depender de la extracción de recursos” , asegura.

"No podemos seguir replicando sistemas económicos que destruyen nuestra naturaleza. Tenemos que construir una propuesta de desarrollo económico propio sin depender de la extracción de recursos”, dice un líder embera

Alexander Rodríguez es también guardián del Atrato. Como líder social de Cocomacia, una organización étnico territorial de la cuenca media del río que representa a 123 comunidades negras, considera igualmente que el futuro de la región pasa por el respeto de su autonomía y por más inversión social. “No es solo que llegue la fuerza pública, sino que construyan escuelas y hospitales. Deben ejercer una política pública que permita desarrollar nuestro territorio acorde con nuestra cosmovisión y nuestra cultura, no hecha desde un despacho en Bogotá”, señala.

La misión de los guardianes será hacer pedagogía de la sentencia en los territorios y ahondar en el tema de la conservación, especialmente entre los niños y niñas. “Parte de la responsabilidad de como está el río es también nuestra porque nos falta mucho sentido de pertenencia y apropiación. Es fundamental, por ejemplo, que aprendamos a manejar el tema de las basuras”, afirma Fausto Palacios, de la organización Ascoba y guardían del Atrato.

Un río de oro

Pero la sentencia se enfrenta en la práctica a una dura realidad y es que buena parte del río se encuentra ya concesionado a la minería de extracción de oro, su principal fuente de contaminación. La Corte no la prohíbe, solo habla de regularla y de ejercerla con responsabilidad social y ambiental. Según datos de 2017 del Ministerio de Minas, existen 251 títulos mineros vigentes ya otorgados que está previsto poner en marcha en el Atrato. Casi el 50% pertenece a potentes multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold o la Newmont. “No hubo un pronunciamiento de la Corte sobre las concesiones mineras. El río Atrato sigue corriendo así mucho riesgo si se ponen en marcha todos los títulos y proyectos mineros que están otorgados y donde las empresas siempre amenazan con demandas millonarias al Estado si no les dejan hacer. Entonces, cómo se planifica en un territorio que está concesionado”, se pregunta Viviana González, abogada de Tierra Digna, la organización que acompañó a las comunidades del Chocó en la defensa de su río.

En el Chocó hoy coexiste la minería artesanal con la gran minería y con la ilegal, muy ligada a las actividades delictivas de los grupos al margen de la ley. Un contexto muy complejo porque finalmente la extracción de oro se convirtió en una fuente de trabajo para mucha gente en una región donde la minería artesanal forma además parte de su cultura. “Ha sido la gran minería la que ha acabado con todo y se debería combatir la ilegal, pero el Gobierno tendría que legalizar al pequeño minero artesanal. Es verdad que la gente se acostumbró a que con una máquina retroexcabadora saca mucha más cantidad de oro en un día que con la batea y esta parte si debería mitigarse”, explica Alexander Rodríguez.

La sentencia se enfrenta en la práctica a una dura realidad y es que buena parte del río se encuentra ya concesionado a la minería de extracción de oro, su principal fuente de contaminación

Para Viviana González, de Tierra Digna, la minería acabó generando una gran dependencia, destruyó la zona y perjudicó a la agricultura y la pesca, así como a la cultura de las comunidades. “Un minero gana en una semana lo que puede ganar un agricultor en un año. Los jóvenes ya no quieren saber nada del campo. Romper esa lógica es muy difícil. Entre la subsistencia y vivir algo más holgadamente siempre gana lo segundo. El desafío del Estado es dejar de tratar a los grupos étnicos en términos de subsistencia y hacerlos acreedores de una mejor calidad de vida acorde a lo que ellos quieren, un desarrollo propio”, argumenta.

Nadie sabe con certeza si el río Atrato se podrá recuperar porque el modelo de desarrollo no da demasiado margen. No es solo la minería. Hay otros grandes intereses económicos que se proyectan en la región en forma de megaproyectos de infraestructura. “Es una pelea que no queremos dar por perdida porque, ademas, el 80% del territorio pertenece a las comunidades afro e indígena y eso les da un derecho. El Estado no ha entendido que los resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes son territorios colectivos y que por tanto son como una propiedad privada que se les otorgó legalmente. Entonces, si alguien tiene un interés en sus territorios es con ellos con quienes deben hablar y para cualquier proyecto se debe realizar la pertinente consulta previa con las comunidades, como señala la propia Corte”, sentencia la abogada Viviana González de Tierra Digna.

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