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La bipolaridad de Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont atiende a los medios de comunicación en Waterloo (Bélgica), el pasado 23 de febrero.

Sabíamos —este diario lo publicó hace mucho— que el lehendakari Urkullu trató de facilitar en 2017 la interlocución entre el presidente Mariano Rajoy y el president Carles Puigdemont.

Pero ayer abrumó, sobrio y contundente, con su detalle sobre esa tentativa de recomponer los puentes de diálogo, aún rechazando el calificativo de “mediador”.

Lo hizo en reuniones y contactos vía móvil con Rajoy el 19 de julio; el 21 de septiembre; el 4 de octubre. Formalizó hasta “cuatro o cinco propuestas” de “distensión”. La ayuda inicial se la había pedido el hoy fugitivo de Waterloo.

Urkullu juró que “en ningún caso” su colega catalán le puso “como condición el referéndum de autodeterminación”. Rajoy era “renuente” a todo “lo que pudiese interpretarse como que traspasaba los límites de la Constitucion”, precisó.

“Pero en ningún caso hablamos de autodeterminación”, insistió. El aludido había confesado la víspera esa actitud a medias prudente, a medias reticente. Mariana.

Pero la versión del vasco contrapunteaba la ofrecida por la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Ella se reunió, relató, con el vice catalán, Oriol Junqueras, en tres ocasiones.

Aunque este “no quiso abordar otros temas que no fueran el referéndum” y “yo me negué a hablar de ello, porque uno no habla sobre lo que no tiene capacidad de disposición”. Ningún Gobierno “puede disponer” de la soberanía nacional, remató.

Claro que la memoria de Santamaría resultó selectiva. Olvidaría que mantuvo al menos otra reunión, en primavera, con otro miembro del Govern —un almuerzo en la Moncloa—, en la que debatió un plan de reconducción de la cuestión catalana.

Era el llamado plan Molins (por el exdiputado Joaquim, que lo elaboró), con reformas o ajustes de la Constitución y del Estatut y un voto de autogobierno —nada de autodeterminación— a los cinco años. Todo dentro del marco constitucional.

En este asunto Urkullu exhibe credibilidad. No en vano catalanizó Euskadi mientras sus colegas Artur Mas y Puigdemont euskaldunizaban Cataluña. Así, si sus datosson exactos, el relato tradicional del Gobierno del PP sobre los ultimátums de la Generalitat queda matizado. El gancho histórico de la secuencia es notable.

Pero ¿qué impacto judicial tiene eso? Uno menor, pero gozoso, el pasmo del acusador del partido ultra, que pidió el testimonio de Rajoy y no le aprovechó en nada.

Otro, sustantivo para los procesados: retrata voluntad de diálogo. Y la inexistencia de una condición previa para el mismo (en el plano, digamos, diplomático): el refereréndum de autodeterminación.

Ello descafeína en principio el factor del unilateralismo. Y sin ese factor poca rebelión podría articularse.

Ahora bien. No hay dos sin tres. Mientras Puigdemont lanzaba a propios y amigos a negociar en serio, él clamaba “referéndum o referéndum”, por las buenas (pactado) o las bravas (unilateral). Esta bipolaridad discursiva (que no cognitiva) no beneficia, ay, a quienes fueron los suyos.

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