Marca verde

La ley de cambio climático aprobada por el Parlamento balear para prohibir la venta de coches con motores diésel a partir de 2025, y de combustión (gasolina o gas natural) desde 2035, es un proyecto pionero en España que aspira a erradicar las emisiones contaminantes procedentes del tráfico en las islas. Con esta iniciativa, Baleares pretende dotarse de una marca verde con la que incrementar su consolidado atractivo turístico. Sin embargo, la norma ha salido adelante sin que en el resto de España se hayan adoptado medidas equivalentes, una situación que podría generar una disfunción con el resto del país.

La tantas veces anunciada —y nunca tramitada en el Parlamento— ley de cambio climático elaborada por la ministra Teresa Ribera proponía que los coches de gasolina, diésel, híbridos y gas natural no se pudieran vender en España a partir de 2040. El plan balear va mucho más allá. Adelanta hasta en 15 años ese calendario y fija que solo los vehículos diésel radicados en las islas antes de 2025 podrán circular en ese territorio. Estas limitaciones —consideradas "arbitrarias" y "desproporcionadas" por la patronal del automóvil— generarían distorsiones difícilmente justificables entre unas comunidades y otras.

El texto autonómico ha desencadenado un choque frontal entre el Ejecutivo socialista, que gobierna con el apoyo de Podemos y los econacionalistas de MES, y los fabricantes de automóviles. Una batalla que pone de relieve la dificultad de conjugar intereses industriales y ecológicos. Todos los Gobiernos tienen la obligación de luchar contra el cambio climático, pero dentro de una política armonizada definida en un plan estatal que, además, cuente con la colaboración de la industria del automóvil para impulsar de manera decidida la fabricación de vehículos eléctricos y ampliar los puntos de recarga.

El Gobierno balear ha puesto en el punto de mira a los automóviles que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera y que también son responsables, en alguna medida, de los problemas de contaminación urbana, pero obvia la polución generada por el intenso tráfico aéreo o la llegada de colosales cruceros vacacionales a sus puertos. Si, como muchos piensan, el diésel tiene los días contados, es de justicia que esos días sean los mismos en toda España. Solo bajo el paraguas de una normativa que armonice los plazos de una transición ordenada se evitarán discriminaciones entre unos territorios y otros. Todas las comunidades autónomas tienen derecho a un aire limpio, no solo aquellas que basan parte de su economía en el atractivo de su naturaleza y el empuje del turismo.