Coche sin humos

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha propuesto un programa de cambio energético que debería constituir el contenido básico de la próxima ley de cambio climático. En síntesis, plantea una sustitución total de los automóviles que funcionan con motores de combustión por vehículos eléctricos, que debería estar completada en 2050, y la utilización intensiva de energías renovables para que en 2030 al menos el 35% de todo el consumo proceda de fuentes limpias.

Hasta ahora, la ministra y su equipo solo han presentado una relación de objetivos, que pocos pueden poner en duda en cuanto a los beneficios que producirían para el conjunto de la sociedad, pero cuya viabilidad solo es posible valorar en función de las políticas aplicadas para conseguirlos. Por sí sola, una definición de objetivos no es una política económica o energética; es necesario explicar, además, cómo van a conseguirse, cuánto cuesta alcanzarlos y de qué manera se va a financiar ese coste. Además, y este es un aspecto crucial de cualquier política económica o energética, tiene que ser pactada con el resto de los partidos, porque en un plazo de 30 años los Gobiernos serán de muy distintas orientaciones y no todos sostienen la necesidad de un cambio energético tan radical.

Es necesario que el Gobierno exponga cuáles serían los pasos intermedios para, por ejemplo, sustituir el parque actual de 28 millones de vehículos que funcionan con derivados del petróleo por, al menos, un volumen similar de vehículos eléctricos; cuál sería la producción eléctrica nueva para abastecer el futuro parque automovilístico, y cuál es el volumen de inversión necesaria para construir grupos eléctricos que funcionen con energías renovables, que, según la propia ministra, exigen en torno a 3.000 megavatios nuevos de potencia renovable cada año hasta 2030, solo para conseguir el objetivo general pactado, y no incluye, por tanto, la sobredemanda del vehículo eléctrico. Interesa también conocer cuál sería la retribución de las inversiones en grupos renovables para cubrir la oferta de producción necesaria y, por último, pero no menos importante, ofrecer un cálculo de cuál sería el coste laboral de la reconversión del sector automovilístico. Porque no es razonable suponer que se producirá una transformación del cien por cien del empleo desde la producción convencional hasta la eléctrica.

La credibilidad de las propuestas depende de una negociación política que acepte un programa de transición energética a largo plazo para sostener la ley de cambio climático y un plan industrial y financiero que haga posible el nuevo marco. Es de suponer, además, que los objetivos estarán sometidos en las próximas semanas y meses a una intensa negociación, dentro del propio Gobierno, con sus socios políticos, con las empresas y con los sindicatos. Esta negociación y las explicaciones requeridas darán la medida de unos objetivos expuestos en términos tan drásticos.

Con coches sin humo se podrán combatir de manera más eficaz los contaminantes gases de efecto invernadero. Las Administraciones y la industria tienen el deber de poner coto a la polución emanada del tráfico para que los ciudadanos de las grandes urbes puedan respirar un aire lo más limpio posible.