Un país asumible para todos

Asusta escuchar tanto dislate de personas que se dicen capacitadas para afrontar las más altas responsabilidades de Gobierno. Entristece comprobar la falta de pudor con la que agitan el miedo, la desconfianza o la rabia para imponer, en la calle, una estrategia política irresponsable que no cuenta con el respaldo mayoritario en las instituciones. Seamos serios. España no se rompe por dialogar; pero se hará insoportable si no somos capaces de ofrecer respuestas políticas a nuestras diferencias. Cataluña no logrará la independencia porque alguien nombre un relator; pero nadie puede asegurarnos que los independentistas no alcancen finalmente una mayoría indiscutible si la única respuesta que estamos dispuestos a administrar es el artículo 155. Y, por si hubiera dudas, no creo que nuestra democracia se quiebre por plantear iniciativas políticas para abordar problemas políticos bajo la premisa de ampliar los espacios de entendimiento. Menos aún si, como es obvio, el resultado de las mismas tendrá que adoptar la forma constitucionalmente válida y desplegará efectos únicamente si se acuerda en las instituciones competentes.

Las pretensiones de quienes ayer agitaron la calle nada tienen que ver con la defensa de la unidad de España, ni con la Constitución. Tratan, más bien, de acumular caudal político para discutir el consenso con el que se ha articulado hasta ahora nuestra configuración territorial. La oportunidad se asienta sobre un desafecto que el Estado autonómico acumula entre quienes lo perciben como una fórmula insuficiente y quienes creen que se nos ha ido de las manos. Obvia señalar que en esta nueva lógica política que va tomando fuerza no es menor la responsabilidad de aquellos que persiguieron la independencia de Cataluña prescindiendo de mayorías y procedimientos. Quienes así actuaron deben haber interiorizado ya que el amplio apoyo político que administran podría no tener más utilidad que la de preservar el actual autogobierno. Es lo que ocurre cuando se extrema la posición sin valorar una reacción en sentido contrario.

Lamentablemente, cuarenta años de Estado autonómico no han servido para desarrollar una sensibilidad nacional más plural que nos permita afrontar con serenidad nuestras tensiones territoriales. Nos ocurrió en su momento con el País Vasco y, aunque con otros matices, nos pasa también con Cataluña. Ahora tampoco será fácil proponer soluciones políticas encaminadas a resolver la cuestión catalana sin que la oposición se resista a calificarlas de cesión, traición y, por tanto, un atentado a la unidad de España. Además de ser una irresponsabilidad, tal actuación servirá para legitimar aquellos discursos políticos de corte centralizador con pequeñas concesiones, si es caso, en clave regional. Quizás sea el horizonte de quienes siempre consideraron que la Constitución había llegado demasiado lejos con las autonomías, pero ni es lo que acordamos ni es lo que permitirá un proyecto de país asumible para todos.