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El mes de diciembre pasado, 156 países firmaron en la ciudad marroquí de Marrakech el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. El conocido de modo más común como Pacto Migratorio Mundial (PMM) venía precedido de los trabajos desarrollados en el seno de las Naciones Unidas, donde en su Asamblea General de julio de 2018 ya se aprobó un primer borrador del texto contenido en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes.

El Pacto se articula en torno a dos dimensiones fundamentales: una, el reconocimiento de que la migración resulta un factor clave de desarrollo; la otra, que los derechos humanos deben primar en el abordaje de los flujos migratorios. Bajo esta óptica, el Pacto desgrana una larga serie de evidencias y propuestas en torno a la migración considerada como un fenómeno global.

De entre sus 23 objetivos destacan algunos como los siguientes: minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen; empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social; o eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Y como indica su título, el Pacto también incluye objetivos relativos a la ordenación y control de la migración: por ejemplo, gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada; utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas; o bien, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad.

Admitiendo la inevitabilidad de las migraciones, el PMM trata fundamentalmente de ofrecer un marco favorable para reducir los costes humanos y sociales que estas comportan. La filosofía del Pacto descansa en priorizar las migraciones regulares como factor de desarrollo global, frente a la migración irregular y desordenada, y en hacerlo de modo que se restrinjan las amenazas y el rechazo que a menudo pesan sobre los inmigrantes. Sin embargo, pese a los intentos por mantener un cierto equilibrio entre las medidas protectoras de los migrantes y aquellas dirigidas a controlar la movilidad, el Pacto se ha encontrado con la oposición de un significativo grupo de países, incluso cuando éste no tiene siquiera un carácter vinculante.

El más relevante de quienes han manifestado su rechazo es Estados Unidos, que inmerso en su debate sobre el muro con México encabeza la oposición a cualquier iniciativa que no pase por frenar de manera determinante la migración. La obsesión de Trump por blindar su frontera sur y alejar a los migrantes latinoamericanos se ha convertido en un faro para otros países.

El presidente Piñera se encargó de cuestionar el Pacto afirmando que el derecho a migrar no es un derecho humano

Precisamente, en América Latina se han levantado otras de las voces significativas contra el Pacto, como ocurre con Chile y República Dominicana. En el primer caso, un país con una reducida tasa de emigración y una baja pero creciente inmigración llegada desde los países de su entorno o Haití, el presidente Piñera se encargó de cuestionar el Pacto afirmando que “el derecho a migrar no es un derecho humano”.

Más difícil todavía de explicar es el caso de República Dominicana, que contando con una importante diáspora en el exterior también se ha opuesto al Pacto, aunque sus temores residen sobre todo en la inmigración procedente de su vecino Haití. Y queda pendiente Brasil, donde la inmigración procedente de Venezuela aumentó considerablemente en los últimos años y, aunque el gobierno en funciones tras las elecciones firmó el Pacto, el nuevo presidente Bolsonaro ya ha anunciado su abandono.

Pero si en un área geopolítica el PMM ha experimentado el mayor rechazo, esta es Europa. En especial han sido los países de la Europa del Este los más reticentes, al igual que lo fueron con la acogida de refugiados contraviniendo los compromisos en el seno de la Unión Europea, tal como ha ocurrido con Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa, países gobernados en su mayoría por fuerzas políticas conservadoras o populistas y con bajas tasas de población inmigrante.

También Suiza, Austria e Italia, que ha dejado pendiente la adhesión al Pacto de la decisión de su Parlamento, y que es de prever que lo rechazará teniendo en cuenta los tintes xenófobos de su actual Gobierno, no han impreso su firma. Por si esto fuera poco, el Gobierno de Bélgica sí firmó inicialmente el acuerdo, pero la división en el Ejecutivo de coalición por este motivo ha acabado provocando la dimisión del primer ministro socialista, presionado por la extrema derecha flamenca. Además, fuera de Europa, también Israel, apelando como siempre a razones de seguridad, y Australia, que ha pasado de ser un país abierto a la inmigración a desarrollar políticas cada vez más restrictivas y selectivas, se han auto-excluido del Pacto.

Australia ha pasado de ser un país abierto a la inmigración a desarrollar políticas cada vez más restrictivas

Como podemos ver, son sobre todo los países que han experimentado recientemente procesos de involución democrática, con la llegada al poder de partidos en la órbita de la extrema derecha, o simplemente con la influencia de éstos sobre sus Gobiernos o de los mismos lobbies y grupos ultraconservadores que abominan de la diversidad y las mezclas, los que han mostrado una mayor beligerancia con el Pacto. El giro político de muchos de estos países, apelando en no pocos de ellos al discurso de la amenaza de una inmigración que, sin embargo, no resulta ser elevada en buena parte de los mismos, ha ayudado a condicionar de modo más amplio no solo la percepción de la migración, sino también las reformas igualitarias y por los derechos en otros ámbitos.

El PMM parece pues ir a contracorriente de los nuevos vientos políticos que corren a ambos lados del Atlántico. Una pancarta desplegada en México para protestar contra la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos resumía muy bien este espíritu en ascenso: “Los derechos humanos son para los humanos derechos”. La idea de que resulta cuestionable incluso el grado de humanidad y moralidad de los propios migrantes sienta las bases para legitimar la suspensión de los derechos humanos entre los mismos. Esta política de la deshumanización, que sitúa a los migrantes en un peldaño social inferior y los cataloga como un peligro, supone un choque frontal con el trato humano que demanda el Pacto para aquellos.

Esperemos que en España la nueva fiebre derogadora de los avances sociales, inoculada por la emergente extrema derecha y asumida velozmente por otros grupos políticos, no alcance también a un Pacto al que nuestro país se ha sumado decididamente y que resulta más necesario que nunca para desdramatizar y armonizar el abordaje de las migraciones.

Joan Lacomba es profesor titular del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Valencia.