Cuentas claras

Vox ha entrado al galope en la política española dando lecciones de moralidad y pureza a diestro y siniestro. Más allá de que muchos de los valores que defiende son contrarios a la Constitución y a los principios democráticos, lo primero que tiene la obligación de hacer la formación de Santiago Abascal es aclarar sus cuentas y explicar a los ciudadanos, y posibles votantes, cuáles son los intereses que defiende, si los que plasma en su programa o los de los grupos más o menos oscuros que han contribuido a su financiación.

La información publicada por este diario el domingo, que señala que el partido ultra financió su campaña para las elecciones europeas de 2014 con dinero procedente de un grupo de presión del exilio iraní, es grave. La financiación de los partidos políticos no es un asunto baladí y, de hecho, le ha costado una moción de censura al anterior presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. Vox no ha tenido ningún empacho en reconocer la veracidad de los datos ofrecidos por EL PAÍS, que indican que el 80% de la campaña para el Parlamento Europeo de Alejo Vidal-Quadras procedía de partidarios del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI). El monto total ascendió a 800.000 euros, que fueron ingresados por 146 personas durante tres meses.

La ley de financiación de partidos políticos de 2012, vigente cuando se produjo esta campaña, es muy clara: las formaciones no podrán aceptar donaciones anónimas, ni tampoco donaciones procedentes de una misma persona, física o jurídica, superiores a 100.000 euros anuales (desde 2012, además, se deberían notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones superiores a 50.000 euros).

Si las donaciones procedían de individuos y ninguna superó los límites previstos, la financiación cumpliría la ley. Si, en cambio, se tratase de un donativo de un solo organismo, dividido en 146 partes para burlar la norma, su legalidad sería cuando menos dudosa. Dado que Vidal-Quadras no salió elegido, Vox no tenía entonces la obligación de presentar las cuentas, ya que no recibió ninguna subvención pública. Abascal afirma que, pese a todo, se presentaron, mientras que el Tribunal de Cuentas ha señalado que esto no es cierto. El documento en el que figuran los nombres y apellidos de los donantes iraníes podría aclarar muchas cosas, pero la formación ultra no lo ha difundido, como tampoco hizo público en su momento de dónde provenían los fondos que impulsaron una campaña que vendió como un éxito de la financiación popular. Abascal era entonces secretario general de Vox y concurrió en la lista junto a otros destacados dirigentes actuales del partido.

Más allá de las cuestiones legales, los ciudadanos merecen una explicación sobre la relación del candidato de la formación ultraderechista con un grupo de presión del exilio iraní, cuyo brazo armado, el Muyahidin-e Jalq, fue considerado terrorista por Estados Unidos hasta 2012. Los orígenes del CNRI son marxistas e islámicos, dos conceptos que no parecen formar parte del ideario que la formación ultra defiende en público. Las cuentas de los partidos políticos deben ser abiertas porque sus posibles votantes tienen derecho a saber que defienden sus intereses y sus ideas, no los de grupos ocultos a cambio de financiación. Y las cuentas de Vox están cualquier cosa menos claras.