Mibgas, el gran despilfarro

¿Hay alguien ahí fuera ocupado en evitar que se despilfarre el dinero público? El caso Castor invita a ponerse en lo peor. Hay más ejemplos de lo que unos llaman negligencia política, otros amiguismo y otros un modelo hispano de saqueo. Pongamos el de Mibgas, un organismo encargado de operar el mercado secundario del gas desde 2015, financiado con dinero procedente de la tarifa del gas, es decir, de los consumidores. Cuando se creó, una voz descendió desde el monte Horeb del Gobierno y comunicó una decisión superior: el presidente de la oficina tenía que ser Antonio Erias, y su sueldo, de 500.000 euros anuales. Los accionistas —Gas Natural, EDP, Iberdrola o Repsol, por ejemplo— entraron en trance. ¿El responsable del operador de un mercado secundario en una oficina con menos de 20 empleados debía ganar medio millón de euros? ¡Si con 80.000 iba bien servido!

Y, por cierto, ¿tenía Erias alguna cualificación energética general o particular para ocupar dicho cargo? Ninguna; era un exdiputado del Partido Popular, de perfil político fraguista. Especialidad, ninguna; experiencia en energía, cero. Dos años después, el Gobierno de Sánchez decidió destituir a Erias y nombrar a Raúl Yuntas, un técnico con capacidad técnica probada. Erias respondió exigiendo la indemnización que le corresponde por contrato, es decir, en torno a 1,2 millones. Así que por una decisión de un ministerio del Gobierno de Rajoy, un operador que factura dos millones de euros tiene que indemnizar a un presidente pagado con sueldo propio de Goldman Sachs-Nueva York. Los accionistas argumentan de forma correcta que si ellos no dieron el nombre de Erias ni decidieron el sueldo, no tienen por qué aprobar esa indemnización (aunque hubiera sido más eficaz amotinarse en 2015). La decisión se tomará en una junta extraordinaria el próximo día 23. Resignación: el dinero de la tarifa (consumidores) acabará pagando la rescisión de Erias.

Para poner orden en esta historia grotesca, pero legal (por legalidad que no quede), habría que empezar por exigir responsabilidades políticas y económicas públicas a quien dictó nombrar y pagar con sueldo de gran visir al presidente amigo de Mibgas. No es difícil rastrear el origen de tal decisión. Pero esto no se hará; por el contrario, quien impuso la prebenda seguirá ufanándose de sus “servicios a España”.