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OPINIÓN i

Los servicios públicos, en primera línea para atender a los migrantes

Comprender su importancia y darles presupuestos adecuados es la única manera de evitar que empresas codiciosas se beneficien de la miseria en todas sus formas

Una niña centroamericana que viaja en la caravana de migrantes.
Una niña centroamericana que viaja en la caravana de migrantes. AFP

Cada mañana, George, un empleado de la Agencia del Agua del Norte de Líbano, se despierta con la obsesión de proporcionar agua potable a todas las familias de Wadi Khaled. Un reto gigantesco, porque la población de la aldea se ha duplicado desde 2011 con la llegada de decenas de miles de sirios que huyen de los bombardeos. Incluso antes de la guerra, pocos hogares tenían acceso a agua corriente. Desde entonces, el número de refugiados ha superado al de los ciudadanos libaneses, lo que ha exacerbado las tensiones en esta región desfavorecida.

Ella se llama Moradeke, pero todos la llaman Abi. De niña, ya soñaba con ser enfermera para salvar vidas. Desde 2009, esta vocación tiene más sentido que nunca, en una Nigeria donde millones de personas se ven obligadas a exiliarse, aterrorizadas por la secta islamista Boko Haram. Se encuentran en campamentos improvisados, asolados por la desnutrición y el cólera. Las enfermeras trabajan día y noche en este contexto de crisis humanitaria, a menudo arriesgando sus vidas: Boko Haram ha secuestrado y asesinado a docenas de ellas.

Luciana es directora de una escuela en Talismán, en la frontera entre México y Guatemala. Con un pequeño equipo, la funcionaria decidió ayudar a algunos de los miles de niños que llegaron, a veces solos, desde Guatemala, Honduras o El Salvador, huyendo la miseria y la violencia de las pandillas. Ella les permite mezclarse con los niños de Chiapas, construyendo una vida todavía pobre, pero más normal.

George, Moradeke, Luciana… Como ellos, una legión de héroes desconocidos se enfrenta cada día a la realidad de los que tienen que huir sus países. Son los empleados del servicio público los que están en primera línea a la hora de atender a los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados. Son responsables de la distribución de agua y alimentos, el saneamiento, la atención de la salud, la vivienda, la educación y la asistencia social. También ellos que responden a las emergencias, los desastres y la reconstrucción.

La inestabilidad política, la violencia, la pobreza y el cambio climático son responsables de los mayores movimientos migratorios jamás registrados

Los desplazamientos forzados de población son ahora un fenómeno mundial que ya no puede tratarse como una crisis puntual. La inestabilidad política, la violencia, la pobreza y el cambio climático son responsables de los mayores movimientos migratorios jamás registrados. Alrededor de 258 millones de personas —una de cada 30— vivían fuera de su país de nacimiento en 2017. Muchos de ellos han perdido la vida en viajes cada vez más peligrosos. Este fue el caso de 30.000 personas en los últimos cinco años, según el proyecto Migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones.

El cambio climático está haciendo que las perspectivas sean aún más sombrías. Según un informe reciente del Banco Mundial, es probable que más de 140 millones de personas de tres regiones del mundo en desarrollo emigren dentro de sus países de origen para el año 2050, sumándose a los ya de por sí abarrotados barrios pobres.

Es un regalo del cielo para los dirigentes políticos de extrema derecha, que presentan al extranjero como la fuente de todos los males. Estos candidatos nacionalistas y populistas, cuyas campañas se basan en la propaganda racista y xenófoba, llegan cada vez más al poder en los países desarrollados y en vías de desarrollo. No es casualidad que más de una docena de países ya hayan rechazado el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, más conocido como el Pacto de Marrakech, que debe ser validado por los jefes de Estado y de Gobierno estos días en Marruecos.

La hostilidad de los ciudadanos ordinarios hacia los migrantes se alimenta de la sensación de tener que compartir recursos cada vez más escasos. Les dicen que los recién llegados no solo son criminales en potencia, sino que también son los que toman los mejores puestos de trabajo. Y agregan que debido a ellos, los alquileres están subiendo, el nivel de la educación pública baja, y la fila en el hospital se está haciendo más larga. En las zonas más pobres, se les considera responsables del racionamiento, especialmente del agua. Pregúntenle a George en el Líbano, tiene mucho que decir al respecto.

Este discurso xenófobo desvía la atención de las razones reales del deterioro de la calidad de la educación, la atención sanitaria, el transporte o el saneamiento. En realidad, este declive se debe principalmente a las políticas de austeridad, ya que la mayoría de los gobiernos atacan sus propios servicios públicos, reduciendo sus presupuestos o privatizándolos. Los migrantes no son responsables de esta situación.

También hay que mencionar las empresas privadas que aprovechan lo que se presenta como una “crisis migratoria”. En Estados Unidos, la política de inmigración Cero Tolerancia de Donald Trump significa mucho dinero para el sector privado, desde las prisiones y las empresas tecnológicas hasta las compañías de defensa y transporte. En la Unión Europea, los gobiernos contratan a empresas para gestionar la detención, el seguimiento y el trato diario de los refugiados y migrantes. Y no hay ningún incentivo financiero para que proporcionen servicios decentes en los refugios: atención de la salud, alimentación, educación o incluso acceso a agua caliente.

En la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical internacional, estamos convencidos de que, en una sociedad democrática, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a una jubilación digna, a una infraestructura de calidad, a la movilidad de las personas, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la cultura, todo ello respetando el medioambiente, no son solo servicios, sino derechos.

Como George, Moradeke, Luciana y muchos otros muestran cada día, los empleados de los servicios públicos y sus sindicatos desempeñan un papel crucial en la gestión de los movimientos migratorios en todo el mundo. A través de su trabajo, luchan contra la desigualdad y contribuyen a la construcción de sociedades inclusivas.

Comprender la importancia de los servicios públicos y darles presupuestos adecuados es la única manera de evitar que empresas codiciosas se beneficien de la miseria en todas sus formas. También es la mejor respuesta para los que propagan el miedo, la mentira y el odio. Los servicios públicos son la base de la solidaridad. Son derechos humanos.

Geneviève Gencianos es la coordinadora del programa de migración de la Internacional de Servicios Públicos.

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