¿Para qué sirve hoy la monarquía?

Hace cuatro décadas, la Monarquía española y en particular Juan Carlos I jugaron un papel de dirección política en la transición que llevó a nuestro Estado de una dictadura a una democracia homologable a las de la Europa occidental de entonces. Aquel proceso político que llamamos Transición española fue el resultado de la correlación de fuerzas (o de debilidades como dijo Vázquez Montalbán) entre actores políticos y sociales procedentes de la dictadura y de la resistencia democrática. Los primeros tenían casi todo el poder pero ninguna legitimidad; los segundos contaban con toda la legitimidad pero apenas tenían poder.

El resultado de la Transición decepcionó a algunos sectores de la oposición democrática. A una parte de las bases más activas que protagonizaron una lucha antifranquista llena de heroísmo y sacrificios, le decepcionó que no se produjera una ruptura democrática con la dictadura, sino una negociación con los sectores del régimen dictatorial que habían entendido que la modernización de España solo podía producirse en democracia y en Europa. No hubo ni revolución a la portuguesa ni ruptura y el desencanto se apoderó de muchos militantes antifranquistas, republicanos por definición y tradición, que se sintieron traicionados por los líderes y los grandes partidos de la izquierda. Eran los héroes y heroínas del antifranquismo, pero eran una minoría. Difícilmente las cosas hubieran podido ocurrir de manera muy diferente. El referéndum sobre la reforma política fue un éxito de Suárez frente a la oposición democrática y los resultados electorales —de 1977 a 1982— dejaron claro que la mayoría de los ciudadanos apostaban por fuerzas políticas que habían asumido (PCE incluido), con mayor o menor entusiasmo, el papel central de la monarquía en la dirección del proceso democratizador de España. En Catalunya y Euskadi pronto se consolidaron como fuerzas hegemónicas el PNV y CIU, que acabaron aceptando la monarquía (CIU casi desde el principio y el PNV más tarde) y que centraron sus esfuerzos en la negociación del encaje territorial que abrió el camino al Estado Autonómico. El único actor de cierta relevancia electoral en Euskadi y Navarra que quedó fuera de aquel consenso fue la izquierda abertzale. Hoy la izquierda abertzale ha reconocido que ETA causó un terrible dolor cuyas heridas aún perviven y es además una evidencia para todos los sectores políticos vascos que ETA no consiguió ni uno solo de sus principales objetivos políticos.

"Juan Carlos I
contó con el apoyo implícito de la ciudadanía"

La monarquía y Juan Carlos I, una figura inicialmente cuestionada por la izquierda como heredero de Franco, no seducían por igual a todos los ciudadanos pero contaron con la aceptación implícita de una ciudadanía pragmática que votó, mayoritariamente en casi todos los territorios, la Constitución de 1978.

Es cierto, como dijo Suárez a Victoria Prego en una entrevista descubierta y recuperada por La Sexta (el expresidente trataba de quitarse el micrófono y la periodista se encargó de que no se emitiera ese fragmento) que su Gobierno no se quería arriesgar a un referéndum en el que los españoles habrían podido optar por la República. Pero no es menos cierto que no se desató en España un movimiento relevante contra la monarquía como consecuencia de que no se hiciera tal referéndum. España tragó con el heredero de Franco a cambio de democracia, y el heredero, poco a poco y con la ayuda de los grandes medios, se hizo querer por amplios sectores de la ciudadanía.

El golpe de Estado del 23-F, a pesar de sus claroscuros y de las dudas sobre el papel real que jugó Juan Carlos, contribuyó a consolidar la idea de que solo el Rey podría evitar un golpe que devolviera el poder a la casta militar, entonces claramente partidaria del franquismo y molesta con los cambios que se estaban produciendo en nuestro país.

Sin embargo, 40 años después quizá haya que preguntarse ¿Sigue siendo útil la monarquía para nuestra democracia?

"Ahora la opinión quizá no sea muy favorable. Y el CIS no pregunta por ello"

En un reciente editorial en este periódico se decía que no debía cambiarse el sistema monárquico “por electoralismo ni climas de opinión”, reconociendo así que la opinión de los españoles quizá no sea muy favorable a una monarquía predominantemente asociada a los privilegios y a la corrupción, y sugiriendo que una propuesta de superación de la monarquía podría condicionar el apoyo electoral de los ciudadanos. Que el CIS se empeñe en no preguntar por esto es muy significativo.

El editorial aporta sin embargo un argumento muy convincente: “Tan democrática es una monarquía como una república, siempre a condición de que garanticen las libertades”. Es indudable que lo fundamental para definir el carácter democrático de un régimen político no es que la jefatura del Estado sea electiva o no, sino que efectivamente se garanticen las libertades. Pero la calidad democrática de un sistema político sí puede medirse. Sería absurdo afirmar que un sistema que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene la misma calidad democrática que otro que sí lo permite. La democracia tiene diferentes niveles de profundización y calidad y todos los demócratas sabemos que la igualdad de derechos entre heterosexuales y homosexuales o entre mujeres y hombres representan avances en términos de calidad y profundización democrática. De la misma manera, que a la jefatura del Estado se acceda por elecciones y no por fecundación sería profundizar en nuestra democracia. Desde el momento en que la monarquía ya no es el precio a pagar para contar con un sistema de libertades (el Ejército español no es hoy ninguna amenaza a la democracia como podía serlo hace 40 años) su función histórica para la democracia española ha perdido su sentido.

"Si el 23-F reforzó a Juan Carlos, el 3
de octubre debilitó
a Felipe VI"

Además, que la monarquía se haya convertido progresivamente en un símbolo que sólo entusiasma a los sectores más conservadores, mientras incomoda a cada vez más progresistas y es rechazada abiertamente por un amplia mayoría de los ciudadanos en Euskadi y Catalunya, hace que haya dejado de ser un símbolo de unidad y concordia entre los ciudadanos. Si el 23-F reforzó a Juan Carlos, el 3 de octubre debilitó a Felipe VI, que no fue capaz de erigirse como símbolo de diálogo, sino como símbolo de la autoridad de un Gobierno que fracasó a la hora de lograr una salida política a un conflicto en buena medida alimentado por su ineptitud.

Nuestra patria necesita hoy dotarse de instrumentos institucionales republicanos que huyan de la uniformidad y el cesarismo, que representen la fraternidad, que garanticen la justicia social y que reconozcan la diversidad de los pueblos y gentes de España como clave identitaria a proteger y respetar. El impulso constituyente que empujó el 15-M y que empuja hoy el movimiento feminista apunta en esa dirección republicana; instituciones que protejan a la gente antes que figuras de autoridad inamovibles.

El pluralismo político e identitario es hoy una realidad en una sociedad que ha tenido 40 años para madurar democráticamente. Normalizar ese pluralismo y abandonar la crispación y el enfrentamiento entre españoles, requiere dejar atrás los símbolos que dividen para dotarnos de instrumentos que nos ayuden a seguir caminando juntos como país. Una nueva república será la mejor garantía para una España unida sobre la base del respeto y la libre decisión de sus pueblos y sus gentes.

Pablo Iglesias es secretario general de Podemos.