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Un referéndum crucial

Suiza se juega su credibilidad ante el mundo si triunfa el sí en una consulta convocada por la derecha conservadora

Sede del Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo.
Sede del Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo.

Los ciudadanos suizos deben tomar una decisión crucial. ¿Quieren que el derecho suizo se aplique por encima de todo, incluso cuando contraviene las leyes internacionales? La respuesta se sabrá el domingo 25 de noviembre, después de una campaña increíblemente tensa. Según el Gobierno, esta forma de “Suiza primero” pondría en peligro la estabilidad, la credibilidad y la fiabilidad del país.

En el origen del texto que se somete a votación está el primer partido de Suiza, la Unión Democrática de Centro (UDC), que es la derecha conservadora. Esta formación se ha hecho especialista en acudir al pueblo para intentar que se aprueben sus ideas cuando no consigue convencer de ellas al Parlamento. Fue la UDC, por ejemplo, la que en 2009 consiguió que se prohibiera la construcción de minaretes.

Pocas veces un texto sometido a votación popular ha polarizado tanto a los dos bandos

En este caso, el detonante ha sido un veredicto del Tribunal Federal, la máxima autoridad judicial suiza. En 2012, los jueces anularon la expulsión de un traficante de drogas macedonio con el argumento de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) lo prohíbe. Sin embargo, la expulsión de delincuentes extranjeros figura en la Constitución suiza desde 2010, después de un referéndum que ganó la propuesta de la UDC. En opinión de los líderes del partido, la sentencia es un desprecio intolerable, una bofetada a la democracia. No les va a ser difícil reunir las 100.000 firmas para que se elabore un nuevo texto que deje claro que las disposiciones constitucionales suizas tienen prioridad sobre el derecho internacional. Y da igual que llegue un momento en el que haya que renunciar al Convenio Europeo de Derechos Humanos, como temen los expertos.

Esta iniciativa popular no prevé más que unas pocas excepciones. Estaría garantizado el respeto a ciertas normas como la prohibición de la tortura, el genocidio y la esclavitud. Por lo demás, las autoridades no podrían contraer ninguna obligación de derecho internacional que chocase con algún artículo de la Constitución suiza. En caso de conflicto deberían tratar de adaptar los tratados internacionales, es decir, renegociarlos e incluso denunciarlos.

Esta posibilidad estremece a la clase política y los agentes económicos suizos. Pocas veces un texto sometido a votación popular ha polarizado tanto a los dos bandos; en este caso, la UDC se enfrenta a todos los demás. Sus opositores subrayan que Suiza, que no es miembro de la UE, debe buena parte de su prosperidad a los 5.000 acuerdos firmados desde hace décadas con sus socios extranjeros, especialmente los tratados bilaterales con Bruselas. Por eso temen quedar marginados del escenario internacional y el debilitamiento de la economía.

El combate inicial contra los 'jueces extranjeros' se ha convertido en un sí a la autodeterminación

Los sondeos más recientes predicen un claro rechazo a la iniciativa, con solo un 40% de intención de voto a favor. Aun así, los adversarios de la UDC evitan cualquier exceso de confianza. Tienen un amargo recuerdo del referéndum del 9 de febrero de 2014, en el que los ciudadanos apoyaron una drástica limitación de la inmigración, también a instancias de la UDC. Fue un episodio que tuvo enormes repercusiones en la relación entre Berna y Bruselas. Bajo presión, el Parlamento federal encontró muchas dificultades para instaurar una ley que restringiera la inmigración sin contravenir la libre circulación con la UE. La solución solo sirvió para reforzar la cruzada de la UDC en pro de “Suiza primero”. No hay nada que irrite tanto al partido que ver cómo sus victorias populares se traducen en una legislación blanda.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, esta cuestión parece demasiado teórica y alejada de sus preocupaciones. De acuerdo con una encuesta publicada hace varias semanas, uno de cada dos suizos ignora qué es el derecho internacional. La mayoría se preocupa por la subida de los costes de la sanidad y por su situación económica cuando llegue la jubilación. Por tanto, la derecha más dura se ve obligada a simplificar el debate. El combate inicial contra los “jueces extranjeros” se ha convertido en un “sí a la autodeterminación” y, de ahí, en la defensa “de la democracia directa”. La UDC no tiene rival a la hora de introducir el miedo en su discurso: rechazar esta proposición equivaldría a debilitar los principios fundacionales suizos.

Una cosa es indudable. La aprobación de la iniciativa el 25 de noviembre complicaría la labor del Gobierno, envuelto desde 2013 en negociaciones con Bruselas para lograr un “acuerdo marco” que, en teoría, controlaría los acuerdos bilaterales. La UDC no oculta que otro motivo para consolidar la prioridad del derecho constitucional suizo es impedir que se materialice ese acuerdo institucional. “Debemos romper nuestras cadenas europeas”, claman los militantes más jóvenes del partido. A menos de un año de las elecciones federales, no parece que ese lema vaya a cambiar.

Patrick Monay es redactor jefe de la sección de Suiza en el periódico Tribune de Genève.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

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