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Esto no está sentenciado

La política debió resolver el conflicto, pero sigue siendo difícil hacer política con tantos políticos en la cárcel a la espera de juicio

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el del Parlamento, Roger Torrent.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el del Parlamento, Roger Torrent. EFE

Aunque no lo parezca, esto es solo el principio y nada puede darse por probado ni sentenciado de antemano. Para empezar, hay pluralidad de puntos de vista. Donde la Fiscalía ve rebelión, a la Abogacía del Estado le parece que hay sedición. No es una diferencia menor, no tan solo por las penas, la mitad en muchos casos, sino por el tipo de delito, uno contra el ordenamiento constitucional y el otro contra el orden público. Donde hay pluralidad hay flexibilidad, y de ahí que sea plausible una modificación de las conclusiones del fiscal al terminar la vista oral.

Dependerá, naturalmente, de la habilidad de las defensas para defender la inocencia de sus clientes. Una de las mayores incógnitas radica en el tipo de defensas que plantearán los abogados de los acusados. Si son estrictamente jurídicas, que se limitan a probar la inexistencia de los delitos de los que se les acusa, y especialmente del carácter violento o tumultuario que se atribuye al proceso independentista, o si son defensas más políticas, que reivindican el derecho a organizar un referéndum en contravención de la Constitución y luego a declarar unilateralmente la independencia acogiéndose al derecho de autodeterminación.

Puede que estas últimas contribuyan a la causa, pero es dudoso que contribuyan a conseguir la libertad de quienes se han visto privados de ella en el último año, que es de lo que se trata. Desde el punto de vista de las defensas y también desde el punto de vista de la política catalana. Digámoslo bien claro. Es más que probable que haya habido delitos en un intento de derogación unilateral de la Constitución en una parte del territorio, que comportaba la desposesión de derechos políticos a los ciudadanos catalanes. Y es lógico por ello que se imparta justicia.

De atender al ruido de las reacciones políticas suscitadas por las peticiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, se diría que no es el caso, sino que estamos ya ante las sentencias. El tacticismo de rigor se impone sobre el sentido de Estado, escaso entre los partidos que pretenden ser de Gobierno, y al respeto exigible a la división de poderes, que suele escasear por todas partes. Para unos es una buena oportunidad para debilitar al Gobierno, y para los otros, los independentistas, para reavivar un movimiento exánime después de su fracaso de hace un año. Sonroja la descalificación al alimón del Gobierno de Pedro Sánchez por cómplice tanto de los independentistas como del PP y Ciudadanos.

Sí, debió resolverlo la política, aunque ahora ya es un argumento envejecido e inservible. Hoy sigue siendo difícil hacer política con tantos políticos en la cárcel a la espera de juicio y será todavía más difícil hacer política en el futuro si alguno de estos políticos tiene que cumplir una larga sentencia de cárcel más tarde. Rajoy dejó el clavo ardiendo en manos de la justicia y ahora la justicia no lo soltará hasta que no haya terminado su tarea. Quien quiera prohibir cualquier medida de gracia quiere que esta agonía se prolongue para siempre.

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