El crimen pasa factura

A un mes del asesinato de Jamal Khashoggi, la credibilidad saudí se halla bajo cero. Tres son hasta ahora las sucesivas versiones con las que la casa real ha intentado ocultar el espantoso crimen cometido en Estambul. Primero, las autoridades saudíes intentaron escenificar una simple desaparición, con el video de la falsa salida de Khashoggi del consulado mediante uno de los secuaces disfrazado con su ropa. Luego ensayaron la versión de una desigual pelea entre un grupo de jóvenes forzudos y el periodista sesentón. Ahora la corona saudí se amarra a la película de unos funcionarios descontrolados que actuaron premeditadamente, pero por su cuenta o malinterpretando las instrucciones del príncipe heredero Mohamed bin Salman (MBS).

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Hasta ahora no ha colado y, si es por los datos incriminatorios que presumiblemente guarda Erdogan en el cajón, no colará nunca. La carga de la prueba en un régimen autocrático es de quien detenta el poder máximo. No vale una investigación interna, encabezada nada menos que por el fiscal del reino, de nula credibilidad y de horrible trayectoria represiva, ni una comisión real de investigación presidida por el sospechoso MBS. Tampoco valen los procesamientos de quienes estrangularon y descuartizaron a Khashoggi en un edificio oficial saudí gozando de la extraterritorialidad diplomática. Todo lo que se ha visto hasta ahora es parte de un torpe encubrimiento, que no sirve para lavar la imagen de MBS, la máxima autoridad efectiva del país.

La dificultad es enorme, en un país tan opaco y autoritario, donde no es infrecuente el uso doméstico de la violencia —ejecuciones, torturas y secuestros— dentro de la extensísima familia principesca. MBS tiene todos los resortes del poder. Controla al anciano rey, de 83 años, probablemente incapaz de tomar decisiones por cuenta propia. También tiene a sus órdenes todas las instituciones militares y de espionaje del país, incluida la guardia real.

Los movimientos han empezado. Angela Merkel fue pionera a la hora de cortar la venta de armas. Estados Unidos ha anunciado, por boca de los secretarios de Defensa y de Estado, James Mattis y Mike Pompeo respectivamente, que deberán cesar los bombardeos sobre Yemen y empezar negociaciones de paz en 30 días, exactamente en dirección contraria a los intereses de MBS, el príncipe belicista que se metió en esta guerra. La súbita llegada a Riad de Ahmad bin Abdulaziz, hermano del rey Salman, tío de MBS y uno de los últimos hijos de la camada del fundador Abdulaziz bin Saud, extrañado hasta ahora en Londres, ha suscitado todos los rumores sobre una inminente desposesión del joven príncipe, al menos de sus poderes militares.

Para Riad, esta crisis ya es peor que los atentados del 11-S, en los que participaron 15 de sus conciudadanos y levantaron serias sospechas de financiación con dinero saudí. Las consecuencias del crimen de Estado se perciben en los valores bursátiles y en las reticencias de inversionistas y socios comerciales, tal como se ha visto en el fracaso del Davos del desierto. Nadie confía en los grandiosos planes de reforma que exhibía el príncipe ahora sospechoso del asesinato. Es dudoso que en las actuales condiciones pueda producirse la salida a bolsa del 5 por ciento de la petrolera Aramco tal como se había preparado para 2019. No le saldrá gratis al príncipe. Y en la medida en que siga intentando esconderse, no le saldrá gratis a la familia real saudí.