Respuesta europea

Arabia Saudí ha ofrecido tantas versiones, tan contradictorias y tan increíbles, sobre el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi que lo único que ha logrado es dejar todavía más claro lo que ocurrió realmente en el Consulado saudí en Estambul: un crimen de Estado. Y, en esta ocasión, a diferencia de lo que han hecho con otras violaciones de los derechos humanos en Riad, los países europeos no pueden mirar hacia otro lado como si nada hubiese ocurrido. Esta posición dejaría tan en evidencia un doble rasero que dañaría su legitimidad a la hora de criticar o tomar medidas ante los desmanes de otras dictaduras. Solo se puede plantar cara a Riad, ya sea con la exigencia de una comisión internacional independiente de investigación o con otro tipo de acciones diplomáticas, embargos o sanciones, con una actuación conjunta de la UE.

Se trata de un crimen que de ninguna manera puede ser investigado, ni mucho menos juzgado, en Arabia Saudí, pese a que Riad ha detenido a los que considera implicados en él. Las sospechas que apuntan a lo más alto de la monarquía absoluta saudí, incluso al príncipe heredero Mohamed bin Salmán, invalidarían cualquier intento de resolver este asunto en el reino. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tiene razón al señalar que el lugar para juzgarlo es el país donde se cometió el asesinato. Pero, de nuevo, solo se logrará forzar una resolución del crimen si los miembros de la UE actúan en bloque y, desde luego, no han empezado con buen pie, sino de una forma contradictoria y unilateral.

Mientras el resto de los países se ponían más o menos de perfil, Francia, Reino Unido y Alemania se desmarcaron con una petición de investigación independiente, pero no tuvieron en cuenta al resto de los Veintiocho, a los que, como en el caso de España, ni siquiera consultaron. El Gobierno de Merkel, además, quiso ponerse una medalla adicional anunciando que dejaría de vender armas a Riad en un movimiento que pretende arrastrar al resto de los socios. Pero ni Berlín, ni París, ni Londres ni Madrid deben ser el escenario de la política hacia Arabia Saudí, sino Bruselas. Solo desde una respuesta conjunta, y rotunda, se puede hacer frente a unas posibles represalias económicas. Al actuar por separado los distintos miembros de la Unión, no solo quedan más expuestos a la ira del reino, sino que, además, no van a conseguir gran cosa: ni frenar la guerra de Yemen, ni mucho menos ofrecer justicia a Jamal Khashoggi.

Esta política común ha sido reclamada muchas veces por organizaciones de derechos humanos, pero este crimen de Estado la convierte en una necesidad. Tanto por el petróleo (sigue siendo el mayor exportador del mundo) como por sus compras de armas (fue el segundo mayor importador mundial en el periodo 2013-2017), Arabia Saudí tiene una capacidad de respuesta económica importante. Sin embargo, el mundo no es ni de lejos tan dependiente del crudo como en los setenta. De hecho, Arabia Saudí es consciente de que su economía necesita un profundo proceso de transformación —papel que debía jugar el príncipe heredero ahora salpicado por el crimen de Estambul— y necesita estar integrado en el mercado global. Por eso se trata de un falso dilema: la UE tiene la obligación de actuar desde sus valores, defender su papel en el mundo y hacer frente desde la unidad a las posibles consecuencias de una política que no puede seguir aplazando.