Un lamento hipócrita por la ‘clase media’

Sobrecoge la intensidad alcanzada por la onda expansiva del “castigo fiscal a las clases medias”: en cuanto se conocieron las propuestas de subidas de impuestos pactadas por el Gobierno y Podemos en el marco presupuestario, una brigada de defensores de la “clase media”, compuesta por políticos —PP y Ciudadanos, en particular—, analistas y economistas del flanco neoliberal han ocupado los púlpitos para defender a “la clase media”. El castigo hace referencia a la subida del tipo marginal del IRPF en dos puntos para el tramo de renta entre 130.000 y 300.000 euros y otros dos puntos en el tramo por encima de los 300.000 euros; y, por añadidura, a los efectos que sobre las clases medias tendrá la subida del gasóleo o la tasa del 0,2% a la compra de acciones.

¿Está justificado el clamor en defensa de la supuestamente atacada y herida clase media? No demasiado. El 96% de los declarantes ingresa menos de 60.000 euros de renta al año; el 85% declara menos de 30.00 euros. Difícilmente puede agitarse el espantajo de que la clase media real resultará afectada por la subida del IRPF.

Si el argumento de los defensores de la clase media es que cualquier subida tributaria acabará por repercutir sobre los salarios medios, hay que cambiar la naturaleza de la alarma. Pues sí, la subida fiscal de los carburantes repercutirá sobre todos los conductores; y es posible que una tasa financiera también se traslade en parte a las rentas medias. Ahora bien, la pregunta en ese caso es si en una economía de mercado todo aumento fiscal debe trasladarse, sin mediación alguna, al consumidor. Porque los mismos que claman contra los impuestos también defienden que la sabiduría de la competencia presiona para bajar los precios. ¿No podemos contar pues con la competencia entre agentes económicos para reducir los efectos de la subida tributaria?

El llanto por la subida fiscal es cliché ideológico, oportunismo político o simple hipocresía. Elijan. El Estado democrático tiene que recaudar lo que considere oportuno para ejecutar sus objetivos de política económica. Dígase por su nombre: agitar una ofensiva contra los impuestos —e invocar recesiones, como si las recesiones pudieran fabricarse desde la Hacienda española— es una maniobra para bajar el gasto social, liquidar la inversión pública y depreciar los servicios comunes.