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Ruptura ‘indepe’

El principio del fin del Govern Torra exige una cuestión de confianza o elecciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonès (ERC) tras una rueda de prensa este viernes.

Los dos grandes grupos independentistas catalanes, Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, y Esquerra Republicana, de Oriol Junqueras, certificaron ayer el final, de facto,de una legislatura que apenas había comenzado hacía cuatro meses. Un periodo en el que han dominado la anemia política, la parálisis parlamentaria y la agitación callejera.

Sus dos principales protagonistas se enfrentaron ayer entre sí mediante votos contradictorios en una cuestión procesal, pero muy relevante: cómo aplicar la resolución judicial que suspendió a los diputados encarcelados y les obligaba a designar sustitutos temporales. Era, en realidad, un asunto estratégico, pues se oponían la afición unilateralista a la desobediencia y el rupturismo del círculo de Puigdemont (quien solo puede medrar rompiendo los puentes que otros construyen), contra la más realista asunción de las exigencias de la legalidad por parte de Esquerra. Esta plantó finalmente cara a la reiterada frivolidad de sus socios, incapaces de entender que la independencia puede ser una aspiración protegida por la Constitución, pero que su búsqueda por métodos ilegales suele desembocar en delito, penalmente sancionable.

La división del independentismo le hizo perder ayer algunas mociones de empaque contra la jefatura del Estado y en favor del derecho y proceso de autodeterminación (inexistentes fuera de situaciones coloniales). Pero ni siquiera esto es lo fundamental. Lo decisivo es que visualizó la ingobernabilidad de Cataluña. O mejor, que el secesionismo es incapaz de gobernarla.

Los socios independentistas solo pueden mantenerse en el Govern Torra para seguir gozando de los privilegios económicos y mediáticos del poder hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia —como pretenden y ayer reiteraron— a condición de no hacer nada. Eso es así porque no garantizan que pueda aprobarse ninguna ley decisiva, dado que carecen para ello de la mayoría necesaria, todavía más mellada porque se han enajenado a la radical CUP, aunque esta siga influyéndoles en grado sumo. Y un Gobierno carente de iniciativa legislativa carece por definición del mínimo futuro creíble.

El Govern solo podría aspirar a alcanzar cierta estabilidad con las muletas de otros grupos (los comunes  o el PSC), que para nada están por esa labor. Saben que la continuidad de la legislatura no se enfoca a la mejora de la gobernanza de la Generalitat, ni a un pretendido “programa social” carente de respaldo social, sino a la preparación de un “momento” rupturista sentimental para cuando se dicten las sentencias sobre los dirigentes procesados.

De modo que si la política de Cataluña oscilaba en torno al cero, ahora capota hacia niveles bajo cero. Cuando eso sucede, cuando se mira solo a una parte de la población, cuando un Ejecutivo queda atenazado por la imposibilidad práctica de actuar, promover y gobernar, lo que corresponde en democracia es dar paso a otro —del mismo o distinto signo— que sea capaz de todo ello. Es decir, corresponde una moción de confianza o la convocatoria de elecciones anticipadas. Y si también es incapaz de plantear cualquiera de ambas, inmóvil ante sí mismo, será responsabilidad de la oposición contrarrestar tanto desafuero. Dispone de instrumentos para ello. Falta que quiera utilizarlos. Pero si no es el caso, se hará corresponsable de la des-gobernanza de los catalanes.

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