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EL ACENTO

Cosas que cuesta entender

La justicia alcanza a los responsables de las quiebras bancarias pero la sanción puede limitarse a unos meses de cárcel

Rodrigo Rato, en una actuación policial llevada a cabo en 2017.
Rodrigo Rato, en una actuación policial llevada a cabo en 2017. REUTERS

El caso de las tarjetas black fue en su momento la enorme gota que colmó el vaso de la indignación en España. Mientras el país se desangraba económicamente y miles de personas iban al paro, unos cuantos gestores bancarios entre los que había algunos amos del universo y muchos aprendices de banquero, gastaban como si cada día fuera el último con cargo a unas entidades quebradas que hubo que rescatar con dinero público. El dinero del rescate se sacó de la enseñanza, la educación, la dependencia o el mantenimiento de las carreteras, y por mucho que este trasvase de fondos no pueda visualizarse como un trasiego de partidas, todo el mundo sabe que hay una relación directa entre el rescate y los recortes.

Mariano Rajoy se empleó a fondo para colocar a Rodrigo Rato al frente de Bankia. Años después, tras el fiasco de una salida a Bolsa fraudulenta que arruinó a miles de inversores y una quiebra que costó al erario público 22.000 millones de euros, Rajoy emplazaba a los ciudadanos a sacrificarse para hacer frente a una crisis económica que presentaba como una catástrofe natural. Como si los excesos de unas finanzas temerarias no tuvieran nada que ver con la crisis. Rato ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel. Irá a prisión justo cuando los directivos de otra gran entidad rescatada, Caixa de Catalunya, se sientan en el banquillo. Sus máximos responsables, Narcís Serra y Adolf Todó, afrontan penas de cuatro años por administración desleal. Cuando la entidad estaba ya hundida y habían despedido a 1.300 empleados, sus directivos se subían el sueldo y aprobaban miserables cláusulas extractivas como una pensión vitalicia para la hija de Todó, en caso de que él muriera, equivalente a la mitad de su sueldo.

Al poco, el Gobierno que destinaba 12.000 millones de euros a cubrir el agujero de esa caja tramitaba por vía de urgencia dos decretos que dejaban sin subsidio a miles de parados de larga duración. Era solo uno de los muchos recortes. Ahora podemos consolarnos constando que, al final, la justicia funciona. Pero hay una generación que ha perdido diez años por la crisis, y a quienes han perdido su casa y su empleo les va a costar entender que todo quede en unos pocos meses de cárcel para los culpables de esos desmanes. No deja de ser una amarga ironía que en España pueda salir tan caro blasfemar como robar.

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