Sentencia imparable

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba por apropiación indebida continuada a Rodrigo Rato y a otros 63 directivos de Caja Madrid y Bankia en la utilización de las llamadas tarjetas black, unas tarjetas opacas para la Hacienda pública y sin cobertura legal que supusieron para la caja de ahorros en graves dificultades financieras un coste de 11,8 millones. La decisión del Supremo implica la entrada en prisión del presidente ejecutivo de Bankia, Rodrigo Rato, y de otros 14 responsables del grupo que fueron condenados por la Audiencia a más de dos años de prisión. Más allá de las evidencias sobre el saqueo de la caja en un periodo de crisis en el país y de lo llamativo que resulta que un exvicepresidente del Gobierno entre en prisión, la sentencia establece valiosos precedentes para medir la responsabilidad de los gestores. Y más en el caso de las cajas, que recogían los depósitos pequeños y medios y financiaban a las pequeñas y medianas empresas en el espacio autonómico.

Los argumentos del Supremo son sencillos: el presidente y los administradores de Caja Madrid-Bankia (la caja fue convertida en banco para salir a Bolsa) tenían la obligación de defender los recursos y patrimonio de los ahorradores; obraron de forma ilícita cuando dispusieron del patrimonio de la caja sin tener competencia; establecieron un plan para utilizar el dinero en beneficio de un grupo de directivos, y el uso discrecional de las tarjetas black por parte de cada acusado fue un acto de cooperación en el plan defraudatorio. La lección para Rato también es digna de mención. Es cierto que cuando accedió a la presidencia el sistema de las tarjetas opacas ya estaba en marcha; pero su responsabilidad le obligaba a denunciar el procedimiento y poner fin al comportamiento ilícito. No solo no lo hizo, sino que mantuvo el sistema y lo extendió a su favor.

La justicia está ajustando las cuentas por las responsabilidades de la crisis que supuso la práctica desaparición de las cajas de ahorros en España. El rescate de las entidades quebradas o en dificultades está costando a los contribuyentes 43.000 millones, de los cuales más de 22.000 corresponden a la antigua Caja Madrid. Los casos de Caixanova Galicia, Caixa Catalunya, Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur o Banco de Valencia, por espigar los nombres más significativos, confirman que la crisis no fue mala suerte, ni el efecto de una recesión global sin capacidad de respuesta. Fue causada por una intervención masiva de los intereses políticos nacionales y locales en decisiones técnicas que requerían un alto grado de cualificación y prudencia. Quedan responsabilidades por aclarar. Está pendiente, por ejemplo, el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que dañó los ahorros de miles de inversores. Pero el camino para depurar responsabilidades es imparable.