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A primeros de agosto, la prestigiosa revista norteamericana Proceedings of the National Academy of Sciences publicó uno de los artículos más importantes sobre el cambio climático de la última década. Los autores —Will Steffen, Johan Rockström, ambos del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y otros 16 expertos— son líderes mundiales en el debate científico sobre los límites ecológicos planetarios y pioneros en el estudio de los efectos de retroalimentación positiva del cambio climático. Su tesis central es que incluso en un escenario de limitación del incremento de la temperatura de 2 °C no puede descartarse un efecto dominó de las dinámicas de retroalimentación, efectos en cascada que podrían conducir a una desestabilización irreversible del sistema climático a largo plazo. El artículo supone una alerta climática en toda regla y cabe esperar que sus ecos lleguen hasta el informe especial que el IPCC presentará la primera semana de octubre. Y es que los borradores filtrados alertan de que, con la tendencia actual de las emisiones, el incremento de 1,5 °C en la temperatura media de la superficie de la Tierra se alcanzará a finales de la década de 2030.

La UE, consciente de las implicaciones de ese principio de realidad que llega desde la comunidad científica, ha tomado la decisión de actualizar su hoja de ruta para la descarbonización de la economía en el horizonte 2050. Esa mayor ambición se traducirá en el compromiso de lograr a mediados de siglo una economía neutra en carbono. Y es que del análisis realista y riguroso de la geopolítica climática a la luz de la experiencia de las tres últimas décadas se deduce que no es posible reconducir la trayectoria de las emisiones mediante una descarbonización masiva, acelerada y sistémica de la economía global, si la UE no persevera en su posición de compromiso y liderazgo, a la par que configura con China un núcleo de responsabilidad estratégica hacia la crisis climática. Para el éxito de ese desempeño será preciso que ambas potencias atraigan con recursos económicos, tecnología y diplomacia a India, la mayor demografía mundial en 2030 con 1.500 millones de personas. En ese gran juego no se podrá contar, sin embargo, de forma estable con la Casa Blanca, si bien sí con la sociedad civil estadounidense, su comunidad científica y la mayoría de la América corporativa. Y es que el Partido Republicano ha sido capturado por las posiciones extremistas y anticientíficas de sus sectores más oscurantistas. En esas circunstancias, Europa es un actor crucial para proporcionar un nuevo impulso político al Acuerdo de París que se traduzca en mayores compromisos nacionales de mitigación.

En términos concretos, la reconducción de la crisis climática requiere reducir para el año 2030 el 25% de las emisiones totales actuales de gases de efecto invernadero estimadas en, aproximadamente, 56.000 millones de toneladas de CO<MD->2<MD> equivalente. La única manera realista de aproximarse a ese nivel de mitigación es mediante la retirada masiva del carbón del sistema energético global (dicho combustible origina el 40% de las emisiones del sistema energético y el 25% de las emisiones totales mundiales). El phase out del carbón no es, en consecuencia, una ocurrencia de ecologistas exaltados sino la respuesta política (no retórica ni hueca) en defensa del bien común de la humanidad, no sólo de esta generación sino de las generaciones venideras. Así, entre los países de la Unión Europea que ya han aprobado un programa de retirada ordenada de sus centrales de carbón están el Reino Unido, Francia, Italia, Holanda Portugal, Austria y Finlandia.

La reconducción de la crisis climática requiere reducir para el año 2030 el 25% de las emisiones totales actuales de gases de efecto invernadero

Este es el contexto estratégico internacional que explica por qué el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha dado un paso al frente ante el cambio climático. El incremento de emisiones de nuestro país en 2017 ha sido del 4,46%, el mayor de todas las naciones industrializadas. Dicho aumento, el más elevado de los últimos quince años, se ha debido al aumento del consumo de carbón y gas en la generación eléctrica (el 56% de las emisiones totales del sector eléctrico en 2017 las ha generado la combustión de carbón). En esas circunstancias, el Ejecutivo se ha comprometido a presentar al Congreso de los Diputados un ambicioso anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética antes de fin de año, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que entregará a la Comisión Europea en esas mismas fechas, así como la Estrategia de Transición Justa para que el cambio de modelo energético se lleve a cabo de manera ordenada y solidaria. Considerados de forma conjunta esos compromisos políticos y normativos señalarán un punto de inflexión en la respuesta de España ante la crisis del clima, la principal amenaza sistémica que enfrenta el mundo y frente a la cual estamos “cerca de cruzar un punto de no retorno”, según ha manifestado hace unos días António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

Antxon Olabe Egaña es economista ambiental y ensayista. Asesor en el gabinete de la ministra para la Transición Ecológica.