Activar el bono eléctrico

La disposición de un descuento en la factura eléctrica a los consumidores más vulnerables, el denominado bono social eléctrico, sigue teniendo la misma pertinencia que cuando se creó, en julio de 2009, en plena crisis económica. En primer lugar, porque los precios de la electricidad son un capítulo de gasto importante de las familias con menor renta. Esos precios siguen registrando una gran volatilidad, con aumentos que inciden en los presupuestos familiares de forma significativa. Además, las rentas de las familias con menor capacidad defensiva, aquellas que se consideran vulnerables a los efectos de esa bonificación, se han mantenido estancadas durante demasiados años. España es de los países en los que los salarios o las pensiones públicas apenas han crecido en términos reales en los últimos 10 años. Sin embargo, el coste de la electricidad ha registrado aumentos significativos. Sobre esas bases, la revisión del bono social o bono eléctrico que llevó a cabo el anterior Gobierno no se ha traducido en una ampliación del número de beneficiarios, creando una complejidad adicional en el acceso al sistema que habrán de simplificar los actuales responsables de la política energética.

Cuando en octubre del pasado año el Gobierno revisó la normativa eran casi 2,5 millones de consumidores los beneficiarios de un descuento medio del 25% en la factura de la luz. Ese nuevo modelo redefine el concepto de consumidor vulnerable, olvidando la potencia contratada y centrándose en criterios de renta y número de miembros de la unidad familiar e incorporando a colectivos con discapacidades físicas o a víctimas de la violencia de genero, entre otros. La condición necesaria es tener contratada la Tarifa Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, a partir de la cual se aplican descuentos que varían entre el 25% a los clasificados como “consumidores vulnerables”, el 40% a los “consumidores vulnerables severos” y una exención mayor en la factura a los “consumidores en riesgo de exclusión social”. La actualización del censo de consumidores vulnerables, beneficiarios de esos descuentos, ha sido un fracaso, a juzgar por el descenso en el número de solicitantes.

Ahora, el nuevo el Gobierno puede revisar esos criterios, pero habrá de cuidar no añadir más complejidad a la norma y, en todo caso, facilitar la información suficiente para agilizar las solicitudes. De poco sirven los apoyos si para su concreción no se arbitran los medios necesarios ni la suficiente transparencia en su tramitación. La extensión del periodo para actualizar las condiciones de transición del antiguo régimen al nuevo, inicialmente previsto hasta el 8 de octubre, ha de contar con esas garantías, o, de lo contrario, ampliarlo directamente.