Las víctimas, tras la disolución de ETA

El acercamiento a cárceles próximas del País Vasco de Kepa Arronategi, un preso etarra con graves problemas psiquiátricos, y Marta Igarriz, con más de tres cuartos de la pena cumplida por colaboración con ETA, es la primera muestra de la nueva política penitenciaria del Gobierno, que prioriza a los enfermos graves, a los mayores, a quienes tengan cumplida buena parte de la condena y no tengan delitos de sangre. Pero tan importante como la confirmación de este plan prudente del ministro Fernando Grande-Marlaska es su ejecución pacífica tras haber informado a las asociaciones de víctimas.

Hace un mes, el nuevo líder del PP, Pablo Casado, llamó a la movilización de las víctimas del terrorismo contra el Gobierno por el acercamiento de dos presos de ETA a Euskadi a punto de finalizar su condena. Casado pinchó porque las principales asociaciones de víctimas, AVT y Covite, le contestaron que el acercamiento era legal. En el cambio de actitud de las asociaciones de víctimas tuvo que ver la histórica empatía con ellas del magistrado y hoy ministro Grande-Marlaska, además de la información previa que les suministró.

Pero también tuvo que ver la decisión de las víctimas de no dejarse manipular políticamente, como sucedió durante el Gobierno de Zapatero, en que el PP las sacó a la calle para debilitarle. Las promesas incumplidas del PP, una vez en el Gobierno, por ser competencia de los tribunales, como la ilegalización de Bildu y el mantenimiento de la doctrina Parot, vacunaron a las asociaciones de víctimas contra la manipulación política.

"Casado 'pinchó' porque las principales asociaciones de víctimas, AVT y Covite, le contestaron que el acercamiento era legal"

Pero, también, ha cambiado el marco. ETA se ha disuelto y el Gobierno trata de hacer pedagogía con las asociaciones de víctimas y tomarse tiempo para que asuman el cambio de una política penitenciaria, pensada para la lucha antiterrorista, con piezas como el alejamiento de los presos etarras. Algún efecto tiene esta pedagogía cuando Covite ya no se opone al acercamiento de presos a zonas limítrofes a Euskadi e incluso a cárceles vascas si los presos repudian a ETA.

Tras la disolución de ETA, el Gobierno pretende impulsar la política de reinserción de presos etarras como aportación a la convivencia —el modelo fue la vía Nanclares— con el reconocimiento a las víctimas, la justicia, su reparación y la exigencia de autocrítica a los victimarios. Esta política cuenta con amplio consenso político y social en Euskadi y es asumida por un creciente número de víctimas vascas. E incluso fuera de Euskadi, como ha mostrado José Miguel Cedillo, hijo de un policía nacional asesinado por ETA, que compatibiliza un mensaje de reconocimiento y justicia con otro de convivencia. Solo es incompatible con esta corriente el revanchismo, que pierde terreno y enarbola el nuevo líder del PP, Pablo Casado.