Grave anomalía

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, impulsada por el Partido Popular en 2012, fue el desarrollo legislativo de la reforma del artículo 135 de la Constitución aprobado en el verano de 2011 a instancias de Bruselas. Su pretensión fue la de sostener las finanzas de todas las administraciones públicas y, en el camino, procuró también reducir el tamaño y el margen de las inversiones públicas. El PSOE se opuso, con lo que una ley que quería garantizar la estabilidad nació tocada por la falta de acuerdo y condenada, por tanto, a la inestabilidad. Pero no recurrió su constitucionalidad, pese a las numerosas dudas que existen. Bastaba con que hubiera un cambio de signo político para que la ley rechinara. Y este ha llegado. El proyecto del Gobierno de aprobar para 2019 unos presupuestos más expansivos choca con la capacidad de veto que tiene el Senado. Así que PSOE, Podemos, ERC y Compromís han registrado una proposición de ley para eliminarla.

Esta capacidad de bloqueo del Senado, que no tiene en el proceso de elaboración de otras normas, impide que el Congreso pueda someter las iniciativas necesarias para la aprobación del techo de gasto a una nueva votación —que puede salir adelante— y altera decisivamente el esquema habitual de funcionamiento de las iniciativas parlamentarias. Lo hace, además, con una materia, como la de los Presupuestos, que es una pieza angular para poder gobernar el país y cuya elaboración la Constitución reserva al Gobierno. Con esta tramitación especial, en la que tanto el Congreso como el Senado pueden rechazar los objetivos y que el Partido Popular impuso para garantizar el control de la deuda, se termina por distorsionar gravemente el sistema. Sean cuales sean los resultados de los acuerdos que las fuerzas políticas consigan en esta materia en el Congreso, el partido que tenga la mayoría en el Senado tiene las manos libres para bloquearla.

La nueva configuración de siglas en el Parlamento, resultado de la crisis del bipartidismo y de la emergencia de nuevos actores, obliga al responsable de tener la iniciativa a tejer acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. El rodillo de las mayorías absolutas forma ya parte de la historia, así que lo que hoy toca es negociar, y es legítimo hacerlo con todas las demás fuerzas políticas, sin excluir en principio a ninguna, porque cada diputado representa no a sus votantes sino a la totalidad del cuerpo electoral. Las urnas se pronunciarán cuando toque sobre la calidad de las iniciativas que el partido en el poder haya sacado adelante. La anomalía de darle a la fuerza con mayoría en el Senado la oportunidad de vetar una propuesta de techo de gasto puede cerrar el camino para aprobar unas cuentas públicas salvo que la iniciativa la haya tomado la misma fuerza. Nada justifica, siempre que se respeten los compromisos con Bruselas, que una ley limite las facultades que la Constitución reconoce al Ejecutivo. Al estar la Mesa del Congreso en manos del PP y Ciudadanos, el atasco en el proceso puede terminar por impedir que los Presupuestos salgan adelante.