Expansión en peligro

El Presupuesto del Estado para 2019 va a ser sin duda la primera gran confrontación parlamentaria en la que Pedro Sánchez y su Gobierno demostrarán cuál es su capacidad para hacer política con 85 diputados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer el llamado techo de gasto para las cuentas del año próximo (125.064 millones, 5.230 millones más que el tope en 2018) y la ministra de Economía, Nadia Calviño, desplegó el nuevo escenario de reducción del déficit que, en síntesis, permite aplazar el ajuste público en unos 6.000 millones.

Tanto la subida del techo de gasto como la relajación del déficit deberían facilitar la elaboración de un Presupuesto con un margen de maniobra suficiente para atender a mejoras sociales mínimas. La política macroeconómica avanzada ayer presenta un esfuerzo, casi el máximo que se puede hacer, por elaborar un Presupuesto para el año próximo que sea mejor que el actual y que tenga en cuenta, entre otros factores que suelen olvidarse, el probable apunte de una leve desaceleración económica.

Pero va a ser difícil soslayar la debilidad de una minoría parlamentaria tan dependiente de acuerdos con otras fuerzas políticas que exigen recursos difíciles de extraer en un entorno de ajuste. Podemos exige aumentar el gasto en 15.000 millones, cantidad que está fuera de la posibilidad de estabilidad, salvo que se quiera gobernar de espaldas a los financiadores de la deuda. Por otra parte, el PP ya ha telegrafiado su intención de orquestar una oposición bronca —habría que recordar las persistentes llamadas a la responsabilidad lanzadas por los Gobiernos del PP a la oposición— en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves. Las autonomías del PP rechazaron el nuevo reparto del déficit para 2019 a pesar de que permitía a sus Gobiernos un margen mayor de déficit y de las promesas de la ministra Montero de alargar los plazos de vencimiento de la deuda autonómica.

Si el PP no aprueba la nueva senda del déficit en el Senado (la propuesta no vuelve al Congreso), la economía española se encontraría en una situación paradójica y muy incómoda ante las autoridades europeas. El Gobierno dispondría de un margen de déficit, necesario para asegurar los compromisos de pensiones y otras mejoras sociales, que no podría hacer efectivo porque está bloqueado por la posición del primer partido de la oposición. Tendría que elaborar un Presupuesto con los criterios de déficit ya aprobados (1,8% sobre el PIB) e imponer a todos los ciudadanos un nuevo ajuste. La justificación de los barones del PP para rechazar la relajación del déficit autonómico —“es deuda”— no deja de ser una arbitrariedad; al fin y al cabo, llevan años financiándose con deuda (suya o del Estado) sin que hasta ahora hayan mostrado reparos.

Si la nueva dirección del PP, que se elige hoy, decide seguir una política de tierra quemada porque considera que es adecuada a sus intereses, poco hay que decir, salvo lamentarlo. Pero esa decisión autoexpulsa al partido de la negociación política y lo coloca en una posición poco creíble cuando reclame actitudes de Estado a otros partidos.