Por fin

Todas las democracias se construyen sobre espacios simbólicos comunes con los que se identifican la mayoría de sus ciudadanos. Cuantos más, mejor. La Transición ofrece muchos ejemplos de estos esfuerzos de aceptación de símbolos que no eran inicialmente propios pero que se quería que fueran compartidos. Por eso, cuando la derecha llegó al poder, tenía que haber sacado los restos de Franco del Valle de los Caídos: resulta inaceptable que, en un país en el que no quedan rastros legales ni institucionales de la dictadura, su máximo representante siga enterrado con honores en un espacio imposible de encajar en la simbología democrática común.

La exhumación de los restos de Franco llega tarde, pese a que no han faltado momentos para hacerlo. Una investigación de expertos sobre el Valle de los Caídos, encargada en la época de Zapatero, lo pidió en 2011. Un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014 reclamó de nuevo al Ejecutivo que resolviese "de forma urgente" este asunto. Y en mayo de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó sin votos en contra, aunque con la abstención del PP, una proposición no de ley que pedía el traslado de esos restos. Los Gobiernos de Rajoy se desentendieron de las sugerencias de los expertos, de un mandato de Naciones Unidas y de una decisión de los diputados. Fue una oportunidad perdida para reforzar lo que debió ser desde siempre una política de Estado: acabar con la anomalía de lo que es un monumento a la dictadura mientras Franco siga permaneciendo ahí.

La fórmula del Gobierno para justificar la exhumación es un argumento que ya aparece en los informes de los expertos y de la ONU. El relator sobre la promoción de la verdad de Naciones Unidas lo explicó así: "Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores a un dictador". No hace falta agregar nada más.