Deber de neutralidad

Uno de los principios fundamentales de una sociedad democrática es el de ceder el monopolio de la fuerza a los cuerpos encargados de la protección de los ciudadanos y de la defensa del Estado. Por este motivo, los militares tienen limitado el derecho a la libertad de expresión, desarrollado después en una ley orgánica. Limitada no quiere decir suprimida, pero sí deben cumplir con un deber de "neutralidad política y sindical" por el que, según el texto legal, "el militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda a favor de opciones políticas". Deben servir a todos los ciudadanos y a cualquier Gobierno por encima de su credo o ideología.

Este principio es incompatible con el manifiesto que bajo un rimbombante título —Declaración de respeto y desagravio al general don Francisco Franco Bahamonde, soldado de España— alberga una nada disimulada defensa del dictador. Ya lo han firmado 700 militares o exmilitares. Cinco de ellos están siendo investigados por el Ministerio de Defensa porque están en la reserva: han dejado el servicio activo, pero forman parte de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, están sometidos a la misma disciplina que sus compañeros. Un cabo en activo también está siendo investigado por su adhesión a un manifiesto contrario.

Los militares jubilados que mostraron su apoyo a Franco tienen, en cambio, el mismo derecho a la libertad de expresión que cualquier otro ciudadano. Pero desde el momento en que ponen junto a su nombre el rango que ocupaban deberían estar obligados a mantener su neutralidad, sino legal sí moralmente. En las últimas décadas, el Ejército se ha convertido en una de las instituciones más respetadas por los españoles, tanto por su labor en misiones internacionales como por su escrupulosa defensa de los principios democráticos, entre ellos la neutralidad política. Una desafortunada carta no debería empañar este legado.