Fiscalidad de transición

En los próximos días el Gobierno definirá los fundamentos de su política fiscal. Debería ser la manifestación más explícita de sus postulados, pero la precariedad de apoyos parlamentarios puede obligarle a que su concreción en un proyecto de Presupuestos no sea precisamente el reflejo fiel de sus intenciones, ni el más coherente. Tres premisas deberían presidir el complejo proceso que ahora se inicia entre el PSOE y los partidos que respaldaron su ascenso a la presidencia.

La primera es el respeto a los compromisos de cumplimiento de las reglas de estabilidad. El Gobierno anterior no lo hizo con los objetivos para 2018 y, aun cuando España haya salido del procedimiento por déficit excesivo, sigue siendo objeto de control estrecho. La flexibilidad adicional que puede lograr este Gobierno debería acompañarse de una senda creíble de cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda. La segunda es tratar de que los recursos públicos palíen los daños que la crisis y su gestión ocasionaron en la población más indefensa, en las partidas expresivas de bienestar, en definitiva. Pero también en la senda de modernización de la economía, en su dotación de conocimiento: inversión pública en educación, en I+D, entre otras. No menos importante es la necesaria recuperación de la financiación de las comunidades autónomas. Para ello, como tercera premisa, se ha de avanzar en la racionalización de la estructura impositiva, procurando una mayor eficiencia y justicia en su distribución. La presión fiscal española es significativamente más baja que la del promedio de la eurozona: en todas las figuras impositivas se generan menos ingresos. Y ello es así porque las tarifas son menores, son numerosas las deducciones, bonificaciones y desgravaciones que hacen que la recaudación final efectiva sea reducida y, por último, pero no menos importante, porque el grado de evasión fiscal es mayor que en los países de nuestro entorno. La actividad que se mantiene fuera de control, la denominada economía sumergida, sigue siendo también de las más elevadas de Europa.

Es en la tributación de las sociedades, de las grandes empresas más concretamente, y en las ganancias de capital, donde las diferencias de tributación efectiva son más importantes. Y, por tanto, donde las elevaciones de impuestos serían más pertinentes. Ello no debe excluir aquellas otras actuaciones, en estrecha coordinación con las actuaciones europeas, que procuren un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales de empresas que actualmente distraen buena parte de sus ganancias. Como las grandes tecnológicas cuya tributación no se corresponde con la generación de ingresos y beneficios en Europa. O las que contribuyan a los objetivos comprometidos en la lucha contra el cambio climático.

Esos deberían ser denominadores comunes del conjunto de los partidos políticos, no solo de los que apoyaron la investidura de Sánchez, para un año en el que la complicidad del entorno económico y financiero será menor que en los precedentes. No es probablemente la fiscalidad óptima de ninguna de las fuerzas políticas que propiciaron el cambio de Gobierno, pero serían buenos fundamentos para una transición posible hacia una fiscalidad más acorde con una sociedad tan desigual.