EE UU-China: la guerra detrás de la guerra

El pasado lunes, el Gobierno de Estados Unidos presentó la nueva ley de Defensa, que no solo incrementa el presupuesto destinado a seguridad hasta la cifra récord de 715.000 millones de dólares (unos 635.000 millones de euros) sino que aumenta con creces los poderes del Gobierno y del Congreso para revisar y bloquear cualquier tipo de inversión extranjera en su economía bajo el argumento de la amenaza a la seguridad nacional. Aunque la ley no menciona a ningún país en concreto, los expertos coinciden en que el destinatario de semejante reforma no es otro que China.

Hace unos meses, el presidente Donald Trump ya advirtió de que reforzaría el Comité de Inversión Extranjera del Congreso para “proteger mejor las joyas de la corona estadounidenses de la tecnología y la propiedad intelectual de las transferencias obligatorias y de las compras que amenazan nuestra seguridad nacional y el futuro de la prosperidad económica”.

Esa es, en realidad, la verdadera guerra que oculta la guerra comercial que libran Estados Unidos y China. En juego están el dominio tecnológico del futuro y el control de la alta velocidad que viene: el 5G.

La principal concesión que exige Washington para aflojar la escalada de sanciones que está imponiendo sobre los productos chinos es que Pekín elimine la exigencia a los inversores extranjeros que creen empresas conjuntas y compartan la tecnología con socios locales. Ni asomo de cesión por Pekín.

Por mucho que quiera Trump no resulta tan sencillo para su industria tecnológica poner puertas al campo. El problema es que durante más de dos décadas, las cadenas globales de producción se han establecido en China, primero por sus bajos costes laborales y, después, por su oferta de talento, su avanzada industria y las economías de escala. Por si fuera poco, la interdependencia es total: hoy la inversión en innovación de las empresas tecnológicas estadounidenses está supeditada a sus ventas a China, mientras que las firmas chinas dependen para producir de sus proveedores estadounidenses, como demostró el caso de ZTE.

En julio, Washington prohibió todo tipo de transacciones entre la tecnológica china —cuarto fabricante de teléfonos inteligentes en EE UU— y sus proveedores estadounidenses, lo que provocó la suspensión total de actividad de la empresa y la intervención del Gobierno de Pekín. El veto se zanjó con una multa de 1.400 millones de dólares, gracias a los ruegos y contactos del lobby estadounidense de componentes.

Las barreras a la inversión extranjera de la Administración de Trump ya se dejan notar. Según la consultora Rhodium Group, las empresas chinas han invertido en Estados Unidos en la primera mitad del año unos 1.800 millones de dólares, lo que supone un descenso de más del 90% respecto al año anterior.

Tanto ZTE como el fabricante chino de móviles Huawei han creado productos muy avanzados para las redes móviles ultrarrápidas de 5G que pueden ponerse en marcha en 2019 y Washington no está dispuesto a perder esa batalla. Por lo pronto, Trump ha prohibido a cualquier miembro de su Administración tener cualquier producto de ZTE o de Huawei, lo que indica el alcance que podría tener el desarrollo tecnológico de estas compañías. Habrá que leer la letra pequeña de los próximos episodios de la guerra comercial entre EE UU y China.

Mientras tanto, Europa no está ni se la espera.