El método ‘Aquarius’'
El pacto europeo para acoger a 205 inmigrantes es un buen precedente
El acuerdo de seis países europeos de repartirse la acogida de 205 inmigrantes que navegaban a la deriva en el Mediterráneo es, con todas sus limitaciones, una iniciativa positiva. Da respuesta a una emergencia humanitaria, cumple las normas del derecho marítimo y aplica el principio de coordinación y solidaridad europea que tanto se ha echado en falta en crisis migratorias anteriores. Es, además, el primer resultado práctico de ese eje antixenofobia tejido entre Alemania, Francia, España y Portugal —al que han sumado en este caso a Malta y Luxemburgo—. Conviene tener presente que en el origen de la deriva populista italiana —cierre de puertos incluido— se sitúan las reiteradas quejas de Roma sobre la falta de solidaridad europea respecto al elevado número de inmigrantes llegados a sus costas en los últimos años; en tiempos en los que solo durante un fin de semana llegaban a desembarcar 9.000 inmigrantes.
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La situación es hoy muy distinta. El número de personas que intenta arribar a Europa cruzando el Mediterráneo es tres veces menor que en 2015. Y, sin embargo, cada incidente y cada desembarco relacionado con la inmigración acaloran el debate, fracturan a la Unión Europea y generan una histeria colectiva que no se corresponde con la realidad del fenómeno. La UE dispone de sobrada capacidad para examinar la situación de cada migrante, dar cobijo a los que, de entre ellos, tienen derecho a asilo y devolver a sus países de origen al resto. La coordinación y el aval de Bruselas, como ha ocurrido en el caso del Aquarius, es crucial para aplicar las normas establecidas y evitar falsas polémicas que solo conducen hacia la insolidaridad y la xenofobia.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha pagado en esta crisis el precio de su propia precipitación. Acoger en solitario en junio pasado a los 630 inmigrantes rescatados por el Aquarius fue una loable respuesta humanitaria que no contó con la coordinación que requiere un salvamento de este tipo en un continente sin fronteras. Su negativa inicial a actuar del mismo modo con los 141 inmigrantes que ahora navegaban en el mismo barco —a ellos se han unido 64 de otros navíos para el reparto pactado— pudo ser tachada, con razón, y a falta de explicaciones, de incoherente. Bienvenidos sean la rectificación y el método elegido, pero la gestión del fenómeno migratorio es lo suficientemente complejo como para que Madrid siga trabajando con otras capitales en la implementación de políticas conjuntas a largo plazo. No es fácil. La falta de colaboración de Italia es un escollo importante, pero esta segunda crisis del Aquarius demuestra que no es imposible.
Coherencia hay que exigirle también al Gobierno sobre las devoluciones en caliente que antes criticaba y ahora parece aceptar y sobre el presunto problema de los menores no acompañados. En España hay 7.000, una cantidad que no debiera alarmar, salvo que no se hiciera un reparto equitativo entre comunidades autónomas. Algunas, como Andalucía, lo exigen, con razón. Es una tarea urgente que, como efecto colateral, también puede desactivar los conatos xenófobos que buscan provocar grupos ultras.
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