Más liderazgo

El buque Open Arms llegó el jueves al Puerto de San Roque de Cádiz con 87 inmigrantes a bordo, de los que doce son menores y seis de ellos viajan solos. El lunes, la reunión del Gobierno con las comunidades autónomas para dar respuesta a la urgente necesidad de ocuparse de esos inmigrantes más vulnerables fue un rotundo fracaso. No hubo acuerdo sobre la posibilidad de establecer cupos ni se llegaron a concretar fondos específicos para enfrentarse con el problema. La conclusión fue que el asunto debe “trabajarse con más tranquilidad” y que hay que tratarlo “con cuidado y con cautela”, como comentó tras la reunión Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Así que se aplazó para la próxima cita, el 5 de septiembre. Mientras tanto, las comunidades afectadas tendrán que encontrar la manera de ocuparse de los más de 7.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España.

Tiene razón la ministra, el problema de gestionar la llegada de cientos de miles de inmigrantes a las costas de Europa es endiabladamente complejo, y necesita tiempo. La crisis migratoria está generando terremotos políticos y, hasta cierto punto, la Unión Europea se juega la supervivencia de los valores que la inspiraron desde su fundación, el respeto a los derechos humanos, y alguno de sus mayores logros, la libre circulación de personas, si no consigue resolver la extrema dificultad de gestionar la irrupción de tantos inmigrantes en un contexto de dificultades económicas. La historia es de sobra conocida, por eso resulta inquietante que una reunión convocada para buscar respuestas a un problema que requiere medidas urgentes, como es el de los menores inmigrantes, quedara en nada. En aplazar el desafío.

Para encauzar la salida a las demandas de los cientos de miles de inmigrantes, que llegan tras largas penalidades para buscar un futuro mejor en Europa, es cierto que la respuesta debe ser concertada entre todos los Estados miembros de la Unión. De otro modo, no tendría futuro. El problema es cuando surgen incidencias que exigen respuestas inmediatas. La de los menores es una de ellas. Y así como los países más afectados por la llegada de inmigrantes a sus costas reclaman más solidaridad de los demás, es lógico que, en España, se repita el mismo gesto de unas comunidades a otras. El desafío es de todos, y tiene largo recorrido: Europa seguirá siendo la tierra anhelada por los que lo pasan rematadamente mal en el continente vecino y sueñan con una oportunidad.

Hace falta que la Unión elabore un plan a largo plazo en el que todos los Estados miembros estén implicados y respete los derechos humanos. Mientras llega, cada Estado miembro deberá generar los mecanismos de solidaridad que luego va a exigir a Bruselas. El problema no es solo del Gobierno del PSOE, pero ha sido ese Gobierno el que dio señales de que hay otra forma de responder a la llegada de los inmigrantes que no pasa por el cierre de fronteras, como pide la extrema derecha. Resolver la situación de los menores es lo que ahora urge. Ahí convergen todos las intrincados obstáculos —políticos, económicos, sociales— que genera una crisis migratoria. Al Gobierno le toca demostrar que tiene capacidad de liderazgo para saber sortearlos.