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Naciones Unidas nos advierte de que no conseguiremos alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a no ser que introduzcamos elementos de cambio estructural en nuestro sistema económico.

Tenemos un sistema que es muy eficiente en la producción de bienes de consumo pero que se preocupa menos por los impactos negativos de esa eficiencia en términos medioambientales y sociales (las externalidades negativas). No deja de ser sorprendente que el sistema no prime especialmente a aquellas empresas que se preocupan por los efectos sociales y ambientales modificando su forma de producir o mejorando sus entornos de trabajo y sus impactos. Y, sin embargo, los efectos colaterales de esa eficiencia en términos de deterioro de los ecosistemas, del cambio climático o la afectación a la salud, los acabamos pagando todos.

De vez en cuando, en distintos medios, aparecen artículos que ensalzan los logros alcanzados por la humanidad en el último siglo. Es verdad que hay logros muy importantes (reducción de la pobreza extrema, mejora de los niveles de salud global y educación, y otros muchos). Esto es así y hay que congratularse de ello. Sin embargo, a menudo soslayan la otra cara de la moneda. Hay tres aspectos importantes que este desarrollo ha llevado aparejado: el deterioro medioambiental (derivado de una economía de carácter lineal basada en la extracción de recursos y en la alta generación de desechos); la desigualdad creciente (interpaíses e intrapaís) y el mantenimiento de importantes niveles de pobreza a escala global; y la precariedad de empleo en una economía cada vez más integrada. Esto ya es reconocido hasta por el Foro Económico Mundial, encuentro auspiciado por grandes compañías globales.

La pregunta es si hay alternativas, si podemos aspirar a un devenir diferente. Decía Zygmunt Bauman que “toda persona que mencione que no hay alternativa es susceptible de no querer cambiar las cosas”.

El sector público, en lo que se refiere a promover cambios de tipo estructural, tiene un potencial por encima del resto que es necesario desarrollar

Recientemente, en Madrid, en un seminario que tuvo lugar en el Colegio de Economistas de Madrid organizado por Social Gob, se dieron cita representantes de organizaciones relevantes de los tres sectores de la sociedad española (público, privado y sociedad civil) que expusieron sus ideas y propuestas para introducir cambios y reorientar al sistema para que sus efectos fueran más beneficiosos para la sociedad reduciendo los impactos negativos.

En este foro, se puso en evidencia que nos encontramos en un momento histórico favorable. Por un lado, la Unión Europea, que ha entendido que en la apuesta por la sostenibilidad se juega mucho de su futuro ya que, frente a la competencia de otras regiones con mayor dinamismo, una producción más ecológica y con mayor innovación es una ventaja competitiva y, además, está más alineada con los valores europeos. Así, aparte de su liderazgo en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, está promoviendo una reglamentación más propicia dando pasos en ámbitos como la información de los impactos sociales y medioambientales por parte de las empresas y la responsabilización de los consejeros sobre las cuestiones no financieras (aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza corporativa), o diferentes medidas para involucrar al sistema financiero en esta línea.

Por otro lado, se percibe una mayor consciencia social y sensibilización en relación con estas cuestiones (cambio climático, deterioro de ecosistemas, desigualdad, pobreza) por lo que existe una mejor acogida ciudadana a cualquier iniciativa en esta dirección.

Y, en tercer lugar, el hecho de contar con unos objetivos, los ODS, que suponen un horizonte compartido y un compromiso de la mayor parte de los países del mundo con relación a unas metas de desarrollo de la humanidad que nos atañen a todos.

El consumidor es otro potente vector de cambio, ya que con su poder de elección puede priorizar la compra de ciertas marcas o productos más sostenibles

Así, el impulso europeo, la mayor consciencia social y la disposición de unas metas consensuadas a escala internacional a modo de retos compartidos, constituyen un escenario inédito muy favorable a la introducción de algunos cambios que pueden fortalecer las perspectivas de cumplimiento de los ODS. Aunque esto es así, también es evidente que existen fuerzas contrarias que abogan por los nacionalismos excluyentes, el aislamiento y la discriminación, y que tratan de minar los avances en esta dirección.

Para aprovechar la tendencia favorable, en el seminario se puso en evidencia la necesidad de la implicación de todos los actores.

El sector público, en lo que se refiere a promover cambios de tipo estructural, tiene un potencial por encima del resto que es necesario desarrollar. Existen numerosos aspectos que puede llevar a cabo como la ágil trasposición nacional de las directivas europeas (y la implantación de mecanismos para asegurar su cumplimiento), la introducción de cláusulas medioambientales y sociales en los concursos públicos, la disposición de mayores fondos vinculados a iniciativas de desarrollo sostenible, las primas a las empresas con mejor desempeño socio-ambiental o la efectiva penalización de las empresas con impactos más negativos o, incluso, la introducción de medidas fiscales u otros incentivos.

El consumidor es otro potente vector de cambio, ya que con su poder de elección puede priorizar la compra de ciertas marcas o productos más sostenibles. Si bien el precio seguirá siendo un elemento principal de decisión, cada vez más los consumidores integran entre sus factores de decisión otros elementos como la sostenibilidad. Dado que las marcas se deben a sus clientes para subsistir o crecer, una mayor consciencia de los consumidores en este ámbito puede llevar a cambios importantes en las empresas. Pero para ello se requiere un ciudadano más sensibilizado y con fácil acceso a información que le permita discriminar a la hora de efectuar la compra. Y aquí, de nuevo el sector público tiene un papel importante a desarrollar, introduciendo en el mercado los sistemas de información adecuados.

Por el lado del sector privado, una cierta revolución está en marcha. Hay muchas empresas que han entendido que el contexto está cambiando verdaderamente y hay que adaptarse. Los riesgos aumentan, pero también las oportunidades y las empresas con mejor perspectiva estratégica ya están apostando por el cambio, llevando a cabo procesos de transformación, introduciendo modelos de sostenibilidad y de economía circular en sus organizaciones y mejorando su impacto social, para así aprovechar mejor las oportunidades que se generan. La percepción es que hay un nuevo contexto que se caracteriza por: una normativa que favorece el desarrollo sostenible; una mayor demanda social; el incremento también del número de inversores que exigen mejores respuestas a los riesgos medioambientales y sociales; la creciente presencia de las cláusulas socio-ambientales en las licitaciones públicas; y el incremento de la financiación disponible en el mercado para proyectos sostenibles. Aprovechar este contexto requiere de transformaciones empresariales alejadas de la cosmética de épocas anteriores, ya que más tarde o más temprano, el sector público o el consumidor acabarán reconociendo y discriminando a las empresas que verdaderamente aportan valor a la sociedad.

Pero algunos no están dispuestos a esperar a que los políticos o la administración actúen y ya están desarrollando iniciativas que en realidad suponen modelos de economía diferente aportando fórmulas novedosas que tratan de dar respuesta a los desafíos que se nos plantean. Hablamos del ecosistema de las nuevas economías como la economía social y solidaria, la economía circular, la economía azul, la economía funcional, las empresas B Corp, las ciudades en transición, la economía colaborativa, procomún, etcétera.

Está claro que si queremos alcanzar los ODS necesitamos transitar hacia una economía más sostenible e inclusiva. E introducir los cambios e incentivos necesarios para orientar el futuro en la dirección que nos hemos marcado. No es tarea fácil, pero existen ya algunas buenas prácticas, metodologías y herramientas para ello. También tenemos que cambiar el relato. Otra economía es posible, más social, más orientada a las personas y a la conservación del planeta. El desafío es enorme y requiere la implicación de todos, de organizaciones e individuos. Organizaciones que promuevan e integren estos incentivos y enfoques en su forma de hacer, e individuos que en su esfera profesional y personal promuevan y hagan suyos hábitos y transformaciones en esta línea. Con el convencimiento de que se trata de un camino enriquecedor, que mejora la sociedad y engrandece nuestra humanidad.

Fernando Varela de Ugarte es doctor ingeniero industrial especializado en sostenibilidad y desarrollo socio-económico. Director de Social Gob.

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