Mejoras en el sector educativo

La crisis ha tenido un impacto especialmente adverso en aquellos servicios que permiten calibrar las fortalezas propias del Estado de bienestar. La sanidad y la educación figuran entre los sectores más azotados por la política de austeridad marcada por el Gobierno del PP. En ambos casos, el deterioro de los servicios provocado por recorte del gasto social ha sido evidente. Aprovechando la relativa mejora de la economía, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se propone ahora desactivar algunas de las medidas que se aplicaron para paliar los tijeretazos aplicados durante la anterior etapa.

En el ámbito de la educación, la ministra Isabel Celaá ha anunciado la voluntad del Gobierno de revertir algunas de esas iniciativas del PP. Y ha trazado tres líneas básicas de actuación. La primera propone reducir las horas lectivas de los profesores, tanto en los centros públicos como en los concertados; la segunda plantea restringir el número de alumnos por aula de primaria y de secundaria, y la tercera afecta a la sustitución de los docentes de baja antes de 10 días. Son medidas razonables que, a buen seguro, redundarán en una mejora de la calidad educativa, lastrada en los peores años de la crisis por un recorte de 7.000 millones de euros y la pérdida de 30.000 profesores. Afortunadamente, las comunidades autónomas, con plenas competencias en la materia, han ido en los últimos cursos ampliando los presupuestos en educación y a principios de año ya se habían recuperado los empleos destruidos.

Para sacar adelante el proyecto de ley, el Gobierno tendrá que trazar alianzas en el Congreso. Los grupos deben ser conscientes de que es fundamental intervenir con eficacia y sin demora en un sector decisivo para la formación de las futuras generaciones.