Mejorar el empleo

Durante el mes de julio las estadísticas del mercado de trabajo se han comportado de la manera esperada, al menos desde que se superó la recesión: bajó el paro, según los registros de las oficinas de empleo, en 27.141 personas y subió la afiliación a la Seguridad Social (35.819 incorporaciones más). La caída del empleo y el aumento de la ocupación han venido reflejando, casi desde 2013, los efectos del ajuste financiero por una parte y de la reforma laboral por otra. La mejora estadística del empleo, una gran noticia sin duda, ha sostenido además la imagen de la recuperación económica que es la marca de la economía española en Europa. Pero una vez que la economía española ha entrado de lleno en una fase de crecimiento sostenido (en torno al 3%, aunque en el segundo trimestre ha descendido al 2,7%) ya no es realista conformarse con un análisis tan somero como el que reflejan la evolución general del paro y de la afiliación.

Un examen del mercado laboral por dentro muestra graves desequilibrios que los equipos económicos de Rajoy se negaron a aceptar o cuya corrección trasladaron a un futuro lejano e indeterminado. Entre diciembre de 2007 —antes de la crisis— y junio de 2018 se han perdido 1.011.800 puestos ocupados y el crecimiento del empleo en España se ha conseguido por el procedimiento de sustituir contratos fijos o temporales a jornada completa por contratos temporales a tiempo parcial (donde antes de la crisis había un contrato, ahora hay 2 o 3 peor pagados); la tasa de actividad femenina es 11 puntos inferior a la masculina.

Los efectos de la reforma laboral han aumentado la precariedad en el trabajo. La tasa de temporalidad en España es del 26,1%, el doble que la registrada en la UE 28 (13,9%). En los seis primeros meses de este año se contabilizaron 10.421.892 contratos iniciales sobre un total de 13.851.749 trabajadores contratados. Una volatilidad tan desmesurada explica con claridad que España necesita con urgencia una “reforma de la reforma laboral” para eliminar sus graves consecuencias sobre la estabilidad social. La precariedad no sólo compromete el crecimiento, sino que perjudica a las empresas más sólidas porque permite competir mediante el dumping laboral.

El Gobierno ya ha declarado, con razón, que no es posible proceder a cambios sustantivos en la legislación laboral. Requeriría un músculo político y un plazo de tiempo que Pedro Sánchez no tiene. Pero no estaría de más explorar la posibilidad de proceder a cambios normativos de menor rango o de intensificar los controles de trabajo para reducir la distorsión de la temporalidad. Al menos, hay que exigir e imponer que se respete la naturaleza de un puesto de trabajo; no se puede ocupar un puesto de trabajo que por sus características necesita ser fijo con contratos temporales. También debería ser posible impedir que los contratos a jornada parcial se conviertan en contratos a jornada completa.

Para corregir, en la medida de lo posible, los efectos inmediatos de la temporalidad quizá no sean necesarios cambios legislativos de gran alcance; podría ser suficiente con activar los recursos de la Administración para hacer cumplir la ley. Sería un mensaje inequívoco: existe la voluntad, en lo que queda de legislatura y en la próxima, de mejorar y estabilizar el empleo.