Taxistas airados

Como era de temer, la huelga del taxi se ha extendido a varias ciudades españolas —con especial incidencia en Barcelona y Madrid, cuyas vías principales han sido ocupadas literalmente por los taxis manifestantes— y amenaza con colapsar los nudos de transporte básicos durante el verano, como los aeropuertos o las estaciones de ferrocarril. Las causas de esta crisis no son nuevas ni extravagantes; hay que situarlas en el conflicto mal resuelto, con notable desidia, a pesar de que estaba cantado, entre las asociaciones del taxi, el modo tradicional de transporte privado urbano y los vehículos VTC (vehículos de transporte con conductor) gestionados desde plataformas digitales que han venido a competir con los taxis. Esa es la causa de fondo, puesto que los taxistas entienden que sufren de competencia desleal y piden una regulación estricta.

La causa próxima que ha detonado el conflicto es que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y Fomento bloquearon el acuerdo entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y las asociaciones del taxi, que imponía la relación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. La respuesta de los taxistas a este bloqueo fue excesivamente violenta e impropia de un grupo laboral o profesional que cree en la negociación. Las negociaciones con el ministerio de Fomento, todavía no resueltas, buscan un acuerdo en torno a la citada relación de 1 a 30, trasladar las competencias de regulación del transporte urbano a las comunidades autónomas y establecer el acuerdo con la AMB como modelo para todas las autonomías.

No es razonable (ni admisible) negociar bajo la presión de una protesta violenta en las calles. Eso se llama intimidación. Para que sea posible el acuerdo es imperativo que los manifestantes garanticen que no habrá actos de violencia contra los competidores (Uber o Cabify). Las asociaciones del taxi tienen que aceptar que sus peticiones, aunque sean legítimas, tienen que encauzarse a través de una negociación. Tampoco es razonable que se rechace de entrada la propuesta de Fomento de aprobar a partir del 14 de septiembre un decreto en el que se reconozca la regla de 1 VTC por 30 taxis; equivale a hacer de la desconfianza el motor del conflicto. Dilatar las manifestaciones en la calle (ayer era el cuarto día de protestas), en las que fácilmente brota la violencia, no es el mejor modo de defender el futuro del taxi. El acuerdo es posible, está cerca y no hay que obcecarse por cuestiones secundarias.

Los taxistas tienen razón en un punto fundamental: las empresas de VTC son sociedades de transporte y, como tales, tienen que someterse a las mismas normas que los taxis. La regulación ha de reconocer esa premisa e imponerla de forma terminante. Pero, igualmente, el taxi debe reconocer que los VTC han venido para quedarse y que han espoleado la adopción de mejoras en el mercado del transporte urbano. El usuario, que no entiende la violencia y sufre la ausencia de un servicio esencial, no va a renunciar a la comodidad de las plataformas. Si esta evidencia va a ser causa de protestas virulentas esporádicas, el taxi perderá las razones que ahora puedan asistirle. Y, por cierto, la regulación del taxi debería incluir también sistemas para evitar la especulación con las licencias.