Caudillo en Bruselas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont convocó esta misma semana una rueda de prensa en Bruselas para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que pase de las palabras a los hechos en su trato con quienes defienden la independencia de Cataluña. El contenido de las declaraciones del expresident importa menos que el lugar donde pretende colocarse a sí mismo para hacerlas, porque Puigdemont carece tanto de legitimidad política como de autoridad moral para plantear exigencias a nadie. Arrogarse la representación de Cataluña a través de un simple espectáculo mediático revela, sin duda, la vocación de un caudillo. Pero supone, además, una humillación para las instituciones democráticas de Cataluña y para los correligionarios que lo siguieron en su insensata aventura de gobierno, y que hoy están encarcelados.

La deshonrosa sumisión de un president de la Generalitat elegido por el Parlament a la gesticulación de Puigdemont ante las cámaras solo parece comprensible en alguien como Quim Torra, quien ha dado muestras repetidas de estar dispuesto a sacrificar la dignidad institucional de su cargo. Por el contrario, quienes se encuentran en prisión por haber acompañado a Puigdemont en su violación del orden constitucional no se merecen que éste intente explotar en su favor el calvario judicial que les espera. Incluso una inquietante figura política como la del caudillo tiene sus reglas, y la primera de todas es no zafarse mediante argucias de correr la misma suerte que quienes le obedecieron. Como prófugo que ha burlado hasta ahora a la justicia, Puigdemont está en condiciones de vanagloriarse de poder pisar mañana mismo el suelo catalán que está bajo soberanía de Francia, país que, por cierto, tomará nota de esta confesión de irredentismo. Como aspirante a caudillo, sin embargo, no puede convertir en alimento del culto a su persona la inmoral explotación política del padecimiento de los colaboradores a los que ha abandonado.

La estrategia que Puigdemont fijó en Bruselas parece consistir en someter al Gobierno central al chantaje de o bien aceptar los resultados del supuesto referéndum que él organizó a escondidas, o bien convocar uno nuevo pactado con el Estado. La solemnidad del desafío no puede ocultar que, en realidad, se trata de una declaración de impotencia. Si tanta fe tiene Puigdemont en que los ciudadanos de Cataluña expresaron su voluntad de independencia el 1-O, su obligación es dar cumplimiento a esa voluntad, no utilizarla para mercadear con el Gobierno central a través de un president al que trata como a un títere. Con todo, el trasfondo real del espectáculo que Puigdemont ofreció en Bruselas es distinto del tenor expreso de sus declaraciones. La encrucijada ante la que se encuentra el secesionismo no se resume en independencia sí o independencia no, sino en unilateralidad sí o unilateralidad no. Y eso es así porque sectores cada vez más amplios del independentismo han tomado conciencia de que actuar unilateralmente es contrario al principio democrático, puesto que carecen de mayoría social para hacerlo.

Solo Puigdemont y sus leales parecen ignorar que el principio democrático prevalece, también, sobre la voluntad del caudillo.