Punto y aparte

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y la formación de un Gobierno solvente marca un punto y aparte en la política española. Sánchez no ha alcanzado la presidencia por un golpe de suerte ni porque haya simplemente conformado una coalición negativa; lo ha hecho, por el contrario, porque ha cumplido con la responsabilidad que el sistema constitucional le exigía como líder de la oposición para desalojar a un presidente, Mariano Rajoy, y a un partido, el Popular, que no podían seguir en el poder. La falta de respuesta institucional acorde a la gravedad de la sentencia por el caso Gürtel, una respuesta que solo pasaba por la dimisión del jefe del Ejecutivo, ha sido el último episodio en una legislatura marcada desde el comienzo por las medias verdades y la manipulación del sistema constitucional.

Es cierto que Mariano Rajoy ganó las últimas elecciones generales, pero es a la vez falso que la mayoría relativa que obtuvo su partido le concediera un derecho automático a formar gobierno. Su obligación institucional era precisamente la que se resistió a cumplir, y que, sin embargo, no rehusó ninguno de los anteriores presidentes: el deber de completar negociando con otras fuerzas parlamentarias la mayoría relativa obtenida. Optando a la investidura y desentendiéndose de buscar los escaños que le garantizaran la gobernabilidad, Rajoy no tuvo reparos en mantener al Gobierno en funciones durante un año, ni en forzar nuevas elecciones. Si estas tampoco resolvieron el impasse fue porque, en realidad, el impasse no obedecía a una deficiencia del sistema, sino a la forma poco escrupulosa en la que Rajoy lo ha gestionado hasta el último momento.

La excusa de que no cabía otra alternativa no ha encontrado confirmación en la realidad: el Partido Popular reunió entonces la mayoría necesaria para hacerse con la Mesa del Congreso, que ha desempeñado un papel determinante en la increíble paralización que ha sufrido el Legislativo, y hace pocas fechas para aprobar los mismos Presupuestos que amenaza con rechazar en el Senado, en venganza por el cambio de bando de sus socios de la víspera. El daño institucional de este proceder ha sido profundo, por más que haya permitido al Partido Popular presentar como estabilidad lo que solo ha sido parálisis institucional e inmovilismo político, en un momento en el que se exigía muy especialmente una intensa actividad y presencia en la Unión Europea.

Comienza ahora una página en blanco que no es propiamente la de Pedro Sánchez, sino la de la gestión de las consecuencias políticas que ha acarreado el inevitable recurso a una medida constitucional como la moción de censura, dirigida a desalojar a un Ejecutivo que estaba conduciendo al sistema a extremos de deterioro y deslegitimación. Por esta razón, la principal tarea que el presidente Sánchez tiene por delante no es ejecutar el programa de su partido, para lo que no dispone de mayoría, sino comenzar a reparar los destrozos políticos, sociales e institucionales provocados por el Gobierno del Partido Popular, de modo que el país acuda a la próxima cita electoral con una estabilidad que no sea la máscara funeraria impuesta a un país sin pulso. Conminar al nuevo presidente para que convoque elecciones es tan inapropiado como exigirle que agote la legislatura: la prerrogativa de disolver las Cámaras le corresponde en exclusiva, y lo que habrá que juzgar es el uso que hace de ella.

Adelantar las elecciones por adelantarlas sería un error, lo mismo que retrasarlas con el único designio de mantenerse en el poder. Pero el presidente Sánchez lo sabe.