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COLUMNA

Un 2% de inversión del PIB en defensa: ¿para cuándo la ciencia?

La investigadora reflexiona sobre por qué los gobiernos no se comprometen a aumentar la inversión en educación, cultura, cooperación, investigación o sostenibilidad

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, la pasada semana, en la Comisión de Ciencia en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, la pasada semana, en la Comisión de Ciencia en el Congreso de los Diputados. EL PAÍS

La semana pasada, el mismo día que la revista Science publicaba un editorial titulado Buenas noticias desde España, que hablaba sobre la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en nuestro país, en las portadas de los periódicos se leía que el nuevo gobierno había asumido en la cumbre de la OTAN el objetivo de aumentar el gasto militar al 2% del PIB. Les confieso que me asaltó una profunda tristeza. ¿Para cuándo un titular en que los gobiernos se reúnan para comprometerse a aumentar la inversión en educación, en cultura, en cooperación, en desarrollo, en investigación, en sostenibilidad, tanto aquí y como allí, precisamente para no tener que aumentar el gasto militar y no tener que romperse la cabeza sobre cuál es la mejor forma de blindar las fronteras? Una noticia lamentable que hizo que hubiera deseado cambiarte el título al editorial de Science.

Pero déjenme que les explique por qué ese 2% del PIB me llegó al alma y qué tenía que ver con el editorial que se acababa de publicar. Me llegó al alma, primero porque soy madre y no es el mundo que quiero que mis hijas hereden; y segundo porque soy científica, y no puedo evitar pensar que ese 2% es precisamente el promedio de inversión en I+D en los países de la Unión Europea, mientras que en España estamos estancados en un mísero 1,19%. Ese 2% del PIB es lo que la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2013 se había marcado como objetivo para la I+D para el año 2020, rebajando en un punto el objetivo del 3% de la Estrategia de Lisboa; no solo rebajándolo, sino pretendiendo que ese 2% se lograría gracias al incremento de la inversión privada, mientras se producía una reducción significativa de la inversión pública.

Una estrategia que es problemática en esencia porque defiende una visión economicista del papel investigación científica, pero que además trata de tomar atajos de la "idea" al "mercado" que simplemente no existen porque se sustenta en una visión errónea de cómo la I+D puede ayudar a cambiar el modelo productivo; errónea porque subestima la importancia de la investigación básica, porque sobresimplifica los mecanismos de transferencia de conocimiento, porque minimiza las escalas de tiempo implicadas, y porque ignora cómo la inversión pública en I+D atrae a la inversión privada. Una estrategia que, tras siete años de un presupuesto insuficiente de I+D que ni si quiera se ha ejecutado en su totalidad, ha acabado asfixiando al sector público de investigación, socavando su infraestructura y dejado a los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) al borde de la bancarrota. De hecho, cuando leí la noticia de la intención del Gobierno de aumentar el gasto militar al 2% del PIB, estaba preparando una intervención virtual para la jornada que al día siguiente organizaba el Grupo de Coordinación de OPIs en el Instituto de Salud Carlos III, titulada Salvemos la Ciencia, con un flotador salvavidas como logo.

La ciencia española necesita un salvavidas porque, como resultado de la estrategia seguida en las dos últimas legislaturas, se han impuesto trabas burocráticas kafkianas a todas las actividades relacionadas con la investigación que han paralizado gran cantidad de proyectos; porque entre 2010 y 2014, se han perdido 27.358 puestos de trabajo en I + D y se dejaron de crear otros 61.940 (que se hubieran generado de haber mantenido el nivel de inversión de 2009); porque se ha precarizado el empleo también en el sector de la I+D, ahora plagado de contratos irregulares de corta duración; porque se ha aumentado la edad media de las plantillas de personal investigador hasta los 53 años; y porque se ha provocado una fuga de cerebros hasta el punto que hace unos días se inauguró la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos en el Exterior.

La ciencia española necesita un salvavidas porque, como resultado de la estrategia seguida en las dos últimas legislaturas, se han impuesto trabas burocráticas kafkianas a todas las actividades

La creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es la buena noticia que dio pie al título del editorial de Science porque parece indicar un alejamiento de esa estrategia fallida y el reconocimiento del importante papel de la investigación básica y de la sinergia que debería existir entre la investigación y la educación superior. Ambas también comparten ministerio en países punteros como Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda y Suecia. Pero en España esta medida tiene que ser apoyada por un verdadero intento de construir puentes entre ambas que ayuden a corregir los problemas endémicos de endogamia académica y falta de movilidad que lastran a todo el sistema y lo hacen casi impermeable a la comunidad internacional. Un 70% de los profesores universitarios trabajan en los mismos departamentos en los que hicieron su tesis y menos de 2% son extranjeros. Estas cifras son escandalosas. El nuevo ministerio tiene que abordar el papel que tiene la ANECA en mantener un sistema que no permite que existan puentes entre los centros de investigación y las universidades, y tampoco con el exterior, unos puentes que tanto pueden y deben enriquecer al sistema.

El gobierno necesita invertir más en I + D y menos en defensa. Pero al margen de los presupuestos, porque somos conscientes de las difíciles condiciones de contorno a las que se enfrenta un gobierno en minoría, existen medidas urgentes que este gobierno podría implementar que más que presupuesto lo que precisan es voluntad política. Supondrían una tabla de salvación para la ciencia en nuestro país que, como quedó reflejado en la jornada Salvemos la Ciencia y su declaración del 13 de julio, agoniza. Es imprescindible que vuelva a fluir oxígeno por el sistema de ciencia, y una vez esto esté asegurado, sería el momento de abordar cambios estructurales para que el sistema sea más flexible, más permeable, más internacional y más transparente.

Estas medidas incluyen poner fin a los procesos burocráticos kafkianos impuestos en todas las actividades de investigación por el anterior Ministerio de Hacienda; la ejecución del presupuesto de I + D en su totalidad; el mantenimiento de la cadencia de las convocatorias de proyectos y de recursos humanos y de sus resoluciones; la creación de una legislación adecuada con respecto a la renovación de contratos concatenados que proteja a los investigadores frente al abuso de los contratos de corta duración, pero que a la vez sea coherente con el sistema actual de financiación ligado a proyectos de tres años; la exclusión de las actividades de investigación de la Ley de Contratos del Sector Público que tantos proyectos de investigación ha paralizado; y la desaparición del Requisito de Intervención Previa que impide que las instituciones de investigación ejecuten sus presupuestos.

Todas estas limitaciones heredadas del anterior Ministerio de Hacienda tenían el objetivo de secuestrar los ya de por si escasos recursos de I + D para reducir aún más el gasto. Pero esta obsesión por reducir el déficit ha creado un nuevo déficit en innovación y descubrimiento que atrapa a España en un modelo económico fallido, un déficit de futuro que no nos podemos permitir.

Amaya Moro-Martín es astrofísica en Baltimore (EE UU) y tesorera de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia.


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