La autocrítica pendiente

Tras la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein de extraditar a Carles Puigdemont solo por un posible delito de malversación es obligado hacer una severa crítica a la forma en la que se ha afrontado el desafío secesionista desde la política española. Son muchos los errores cometidos desde que Artur Mas llevó a cabo la consulta soberanista en 2014, hasta la última fase del procés en septiembre y octubre pasados. Si el Gobierno de Mariano Rajoy, responsable máximo pero no único, hubiera hecho política para defender el orden constitucional, hoy la justicia española no estaría al pie de los caballos en Europa. La fortuna para Puigdemont, pese a su temeraria acción de visitar Finlandia para acabar huyendo en coche, fue que su detención se hiciera en ese singular landfronterizo con Dinamarca, cuya pertenencia a Alemania se decidió tras diversas guerras en el siglo XIX y la celebración de un plebiscito al final de la Primera Guerra Mundial.

La historia de Schleswig-Holstein anticipaba que no era el mejor lugar para lograr una fácil extradición, aunque era difícil imaginar que sus jueces acabarían extralimitándose en la aplicación de la euroorden y haciendo un enjuiciamiento paralelo con sorprendentes conclusiones. Por ejemplo, afirman que el expresident solo veía el referéndum como un preludio de las negociaciones con el Gobierno español, o que no cabe ni tan siquiera atribuirle una responsabilidad penal por “quebrantamiento de la paz” porque no era el “líder espiritual de la violencia” ocurrida el 1 de octubre. Todo ello sin interrogar a testigos ni disponer de nada más que de la información de la fiscalía confrontada con los argumentos de la defensa.

Pero si la justicia española se encuentra en un callejón de difícil salida es porque políticamente se dejó hacer en Cataluña, incongruencia que no pasa inadvertida a los jueces alemanes. ¿Por qué se optó por judicializar un desafío penalmente escurridizo en lugar de darle una respuesta política mucho antes con la Constitución en la mano? Ahora se paga con creces el error de no haber activado el artículo 155 a principios de septiembre. La debilidad del Estado es el resultado del autoengaño que practicaron los partidos constitucionalistas hasta el final, de su desunión y del cortoplacismo que siguen practicando en medio de una crisis que no se ha cerrado aunque el procés haya concluido con el fracaso de la unilateralidad. El quietismo rajoyista ha resultado catastrófico, pero creer que el diálogo hubiera evitado el choque resulta naif. De la misma forma que se pide al independentismo que haga autocrítica, el constitucionalismo necesita otro tanto. Hoy las circunstancias han mejorado algo, pero los partidos siguen sin una estrategia compartida ante un problema que, como declaró Pedro Sánchez en EL PAÍS, no va a resolverse en un año ni en dos, ni en cinco ni seis.