Cabalgar sobre un tigre

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha experimentado, tras su reunión en La Moncloa, la dificultad de ejercer la dirección de su Govern padeciendo la presión de asociaciones independentistas carentes de cualquier mandato democrático, así como de grupos de encuadramiento ciudadano para los que la intimidación es un medio político legítimo. Esa presión y ese insulto de sus correligionarios situados en el margen son el precio que tienen que pagar ahora los líderes independentistas que, como Torra, han despreciado antes los procedimientos institucionales, haciendo entrega de la legitimidad última de las posiciones políticas que representan a asambleas autoconstituidas. La respuesta de Torra a las acusaciones de traición de las que ha sido objeto por parte de los sectores que lo jaleaban cuando se sumaba a algaradas como las de Tarragona o Washington ha sido endurecer el discurso, manteniendo, no obstante, las vías de acción acordadas con el Gobierno central.

Es un error a efectos de las propias posiciones independentistas, no solo en el sentido de que endurecer la retórica no apaciguará al tigre que el propio Torra ha venido cabalgando, sino en el de que pone en evidencia la manera autoritaria en que se ha querido imponer en Cataluña el programa político de la secesión. Es de suponer que cuando Torra afirma ahora que no renuncia a ninguna vía para alcanzar la independencia es porque le reconoce ese mismo derecho al Gobierno central para impedirlo, en estricta reciprocidad. Lo mismo que cuando reclama al Estado central una solución democrática para dar curso a sus exigencias de independencia es porque él, y su Ejecutivo, ya le han ofrecido una solución equivalente a la mayoría de catalanes que la rechaza. Incluso cuando prodiga ofensas al jefe del Estado es porque, guardando la misma proporción, él está dispuesto a que se desprecie al representante de la Generalitat en Ayuntamientos u organismos oficiales en Cataluña que no compartan el credo independentista.

El progresivo desenmascaramiento de la auténtica naturaleza de la actuación del secesionismo al mando de la Generalitat merecería que la oposición en el Parlamento central, en concreto el Partido Popular y Ciudadanos, actuara con mayor responsabilidad al tratar asuntos de Estado. Acusar al Gobierno de entregarse al independentismo cuando lo único que ha hecho es utilizar frente a él mecanismos institucionales ya establecidos, es apostar por un descarnado electoralismo que degrada el debate político y lo convierte en espectáculo antes que en solución a los graves problemas acumulados durante años de inacción. El estridente catastrofismo sobre la unidad de la nación, desencadenado por el simple hecho de tratar a los independentistas como lo que son a su pesar, esto es, ciudadanos españoles con los mismos derechos y deberes que el resto, no responde a ninguna inquebrantable lealtad a la unidad de España, sino a una inseguridad profunda sobre la naturaleza democrática de sus instituciones. Este o cualquier Gobierno puede y debe hablar con los independentistas, dentro de la ley.