Primer paso

La reunión que mantendrán mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, es en sí misma un primer paso para la normalización de la situación política catalana. Nada asegura que sea seguido por otros, lo que no significa que el encuentro se convierta en innecesario. Desde el Ejecutivo catalán se ha asegurado que, más allá de cual sea el resultado, los independentistas consideran un éxito poder hablar de autodeterminación en La Moncloa.

En realidad, el éxito no reside en que puedan hacerlo, como, por lo demás, lo han hecho en otras ocasiones, sino en que finalmente reconozcan que nadie se lo ha impedido, porque esto, al contrario de lo que aseguran, no es un éxito suyo, sino de la democracia instaurada por la Constitución del 78, que ellos no han cesado de desprestigiar. En otros países en los que los independentistas desarrollan falaces campañas propagandísticas, dentro y fuera de Europa, posiciones políticas como las que mañana llevará el president Torra a La Moncloa están, sencillamente, prohibidas.

El origen protocolario de una cita como la de mañana no puede obviar el contexto político en el que se produce, que el Parlament ha definido esta semana a través de dos resoluciones que resumen la encrucijada del independentismo, y ante la que él, y solo él, se encuentra en la imperiosa necesidad de decantarse. O bien persiste en la vía de la unilateralidad y la violación de las reglas de juego defendida por la CUP, y suscrita por Esquerra y el PDeCAT, o bien opta por la alternativa señalada por el PSC, y de nuevo apoyada por estos dos partidos, que recuerda la necesidad de un diálogo previo entre las fuerzas parlamentarias en Cataluña a fin de que el president de la Generalitat no actúe como si solo lo fuera de los independentistas, y no de todos los catalanes. La opción va más allá de una simple cuestión de estrategia, porque lo que revela es si los independentistas, y más en concreto, el president Torra, consideran legítimo el programa político de la no independencia, y si le reconocen tantos derechos para perseverar en sus objetivos como ellos se arrogan para perseverar en los suyos.

En la medida en que el sistema constitucional sí se los reconoce tanto a unos como a otros, el Gobierno de Pedro Sánchez no puede quedar encadenado a buscar una solución acordada con el de la Generalitat si éste opta mañana por desmarcarse, exigiendo convalidar como antecedentes de derecho las vías de hecho con las que actuó hasta proclamar una efímera independencia.

Por descontado, sería altamente deseable que el Gobierno central contara con el acuerdo de la Generalitat para lograr la normalización de la situación institucional en Cataluña, no solo reforzando el autogobierno sino también resolviendo las disfunciones que, explotadas interesadamente, nos han traído hasta aquí. Pero si los independentistas se autoexcluyen, nada impide que la tarea prosiga en nombre de lo que une a Cataluña con el resto de España: la democracia establecida por la Constitución de 1978.