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Desconfianza alemana

La decisión sobre Puigdemont ataca a la euroorden y a la justicia española

El expresidente Carles Puigdemont, ayer, frente al Bundestag, en Berlín.
El expresidente Carles Puigdemont, ayer, frente al Bundestag, en Berlín. REUTERS

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, podrá ser entregado a España pero solo por el delito de malversación y no por el de rebelión, la más grave de las acusaciones que pesaban sobre él. Así lo ha decidido el tribunal superior del Estado alemán de Schleswig-Holstein. Una errónea aplicación de la euroorden por parte de esta instancia alemana somete a la justicia española a una fuerte presión y cuestiona el principio europeo de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en el seno de la UE.

Es cierto que el delito de rebelión en España, similar al de alta traición en Alemania, no está recogido entre los 33 delitos que explicitó la orden europea de detención y entrega. Pero analizar la documentación aportada por el juez Pablo Llarena y eximir a Puigdemont de dicho delito es una extralimitación de sus funciones. La opción habitual es aceptar la euroorden siempre que haya en la legislación propia un delito similar. Así lo ha entendido siempre la fiscalía de Alemania, que parece comprender mejor que sus jueces la naturaleza de la euroorden.

Sin embargo, los magistrados alemanes no son los únicos que cuestionan el delito de rebelión en este caso; también en España hay una fuerte contestación a la tipificación defendida por Llarena. Pero dirimir tal cuestión le corresponde al Tribunal Supremo español en ese futuro juicio contra el procés que debe realizarse, evidentemente, con todas las garantías procesales.

La entrega de Puigdemont solo por malversación de fondos limita la acción de la justicia española, además de someterla al probable desprestigio de quienes la ponen en cuestión. Lo cierto es que la decisión alemana sitúa al sistema judicial español en un callejón sin salida. Si Llarena acepta la entrega, será imposible aplicar el principio de igualdad jurídica, pues los presos del procés, en las cárceles españolas, serán juzgados por rebelión, mientras el expresident, perseguido por la misma causa, habría de ser juzgado por un delito menor, de malversación.

Pedro Sánchez ha declarado que lo importante es que todos los procesados queden sometidos a la justicia española. Quizá. Pero para lograr ese fin se ha cuestionado a la justicia española y, de paso, desvirtuado desde Alemania ese gran avance europeo que es la euroorden.

Este paso confirma que en lo relativo al procés España está en trance de perder la batalla del relato internacional. La euforia con la que Puigdemont y sus abogados han reaccionado a la decisión alemana es otro detalle hiriente para las instituciones de este país y abunda en la idea provinciana de que unos jueces alemanes tienen mayor criterio que los españoles que han investigado de cerca y durante meses el caso.

En todo caso, los jueces de Schleswig-Holstein aprecian delitos de malversación que pueden acarrearle a Carles Puigdemont su inmediata encarcelación en España en caso de que Llanera acepte su entrega. Si la rechaza, el expresident seguirá siendo un fugitivo. Mientras la política busca la distensión, la justicia topa con difíciles escollos para conseguirla.

 

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