Justicia elemental

Llega tan tarde que casi no merece ni un aplauso. Mucha gente ha muerto sin que el Estado les pague la deuda moral, y muchos otros están a punto de morir, nonagenarios. O no se van a enterar o ya no les importa. El refranero español, tan mentiroso, dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero aquí ni siquiera se puede hablar de dicha, y todos sabemos que es muy tarde. Cuando esto se lea en los libros de historia, dentro de cincuenta o cien años, los españoles de entonces no nos entenderán. Se preguntarán de qué pasta cruel estábamos hechos, cómo pudimos esperar tanto, cómo pudimos convertir en bronca política el deseo legítimo e incuestionable de miles de compatriotas de dar sepultura a los restos de sus padres.

Esta semana se cumplirán 82 años del comienzo de la última guerra civil española, y coincide el aniversario con el anuncio de que el Gobierno se hará cargo de la búsqueda de las víctimas de la represión franquista que siguen desaparecidas en fosas comunes de toda España. No es cierto, como sostienen los que hablan del régimen del 78, que esto pudo hacerse nada más recuperar la democracia. No solo porque el sistema era frágil y temía el ubicuo ruido de sables, sino porque entonces no había datos ni conciencia que midiesen la magnitud de la represión. Simplemente, no estaba estudiada. Pero, desde finales de la década de 1990, tenemos una idea bastante precisa de quiénes son los desaparecidos y dónde hay que buscar sus restos.

Hace veinte años que el Estado español elude su responsabilidad, y esa demora no admite ninguna excusa.

Es una falacia decir que en España pervive un franquismo soft. La democracia de este país es tan admirable y criticable como las de Francia o Alemania. Tampoco tiene el monopolio de los traumas con la memoria nacional: los debates sobre los colaboracionistas franceses o el camaleonismo de los fascistas italianos son tan dolorosos, complejos e histéricos como los que se avientan en España. La violencia política deja siempre una huella profundísima y larga en las sociedades que la sufren.

Pese a todo, no se entiende que hasta 2018 ningún gobierno se haya atrevido a restituir una justicia tan elemental como la de atender y dar paz a quienes se han pasado la vida buscando a sus padres muertos, para enterrarlos con la dignidad y el cariño que merecen. No se entiende que haya un solo político que se oponga a ello. Llega tarde, no queda dicha buena, pero, al fin, el Estado cumple y mira de frente a los hijos de las víctimas. Lástima que apenas queden unos pocos ojos a los que enfrentarse.