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El proceso de envejecimiento acelerado que están experimentando los países de América Latina y el Caribe ha convertido la dependencia y el cuidado de los mayores en temas de máxima preocupación. Si bien esta región aún no ha llegado al grado de envejecimiento de Europa, Estados Unidos o de algunos países del sudeste asiático, su población se está haciendo mayor a una velocidad que no tiene precedentes. En estos momentos, según un estudio publicado por el Observatorio del Envejecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 11% de los latinoamericanos mayores de 60 años es dependiente y esta cifra, así como la intensidad de la dependencia, aumenta con la edad, especialmente entre las mujeres.

Los Gobiernos de esta parte del mundo se enfrentan al desafío de apoyar a las familias y diseñar políticas públicas que respondan al aumento de las necesidades de cuidado. Hace un par de décadas, los países desarrollados se vieron ante este mismo reto y desarrollaron sus sistemas de cuidado mediante una serie de instituciones y políticas de apoyo a la dependencia sustentadas por sistemas sólidos de seguridad social y en el marco de un estado del bienestar consolidado.

Pero la realidad institucional que presentan los Gobiernos de América Latina y el Caribe es muy distinta. Sus sistemas de salud muestran carencias importantes y los servicios sociales son, en el mejor de los casos, incipientes. Por otra parte, también las sociedades han cambiado. Las familias, que son las principales proveedoras de cuidado, son más pequeñas y la atención a las personas con dependencia se distribuye entre menos personas. Las mujeres, que tradicionalmente han asumido la tarea de cuidar dentro del hogar, participan cada vez más en el mercado laboral y no pueden seguir actuando como agentes informales de cuidado.

En América Latina y el Caribe, solamente Uruguay ha desarrollado un sistema formal de cuidados aunque otros países ya apuntan políticas que aspiran a una atención integral de las personas con dependencia. En todos ellos el sector privado suele ofrecer algunos servicios centrados, generalmente, en los niveles de ingresos más altos, mientras que las organizaciones sin ánimo de lucro intentan atender las necesidades de aquellos que tienen menos.

En América Latina y el Caribe, solamente Uruguay ha desarrollado un sistema formal de cuidados

Los Gobiernos que aspiren a diseñar un sistema de cuidados han de plantearse varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, quién va a necesitar esos servicios y quién los necesita más. Para esto es importante que establezcan criterios de elegibilidad y de prioridad claros. El principal criterio es el grado de dependencia y, para esto, se requiere adoptar instrumentos que la midan. Otros aspectos que pueden ayudar a encauzar bien los recursos del sistema de cuidados son la edad, los ingresos y los activos de las personas con dependencia.

En segundo lugar, hay que definir los servicios a financiar en un sistema formal de cuidados desde una perspectiva macro y después, a escala micro, facilitar el acceso a las opciones que se adecúan más a la persona con dependencia y a su familia. Las opciones disponibles incluyen servicios en el domicilio, en centros de día, en residencias institucionales y teleasistencia, esta última como una alternativa de apoyo en conjunción con los servicios en el domicilio. Existe una tendencia a favorecer el cuidado en el hogar dado que, en general, los servicios en el propio hogar tienen un menor coste y las personas prefieren permanecer en sus casas. Sin embargo, los servicios institucionales desempeñan un papel importante en un sistema integral y pueden ser los más adecuados, e incluso los más asequibles, para algunas personas con dependencia severa.

Promover y asegurar la calidad de los servicios debe estar sobre la mesa desde el primer momento en que se piensa cómo diseñar un sistema. El papel de las autoridades políticas es el de promover y asegurar la calidad de los servicios, la eficiencia en el gasto público y la equidad en el acceso. La experiencia internacional indica que con independencia de que los gobiernos opten por proveer directamente los servicios, subcontratarlos o entregar transferencias para comprarlos, existe una presión ciudadana para que el Estado regule los cuidados. Los recursos humanos son un aspecto crucial para la calidad de la atención y un área en donde existen grandes retos. Las personas que trabajan en este sector se encuentran en condiciones de trabajo precarias, carecen de entrenamiento y tienen pocas perspectivas de desarrollo profesional.

La lección más importante es que hay que diversificar las fuentes de recursos

Por último, aunque existen varias estrategias para financiar los costes del cuidado, los impuestos son la forma de financiación pública más utilizada por los Gobiernos y hacen frente al 52% de los gastos que suponen los sistemas de cuidado. Con todo, la lección más importante aprendida de la experiencia internacional es que hay que diversificar las fuentes de recursos considerando el aseguramiento social, los impuestos y también las contribuciones de los hogares.

Entender la demanda de servicios de cuidado y las alternativas que tienen las familias es fundamental para el bienestar de una sociedad, especialmente en épocas de grandes cambios demográficos. Ya sean servicios públicos, ofrecidos por el sector privado o los cuidados que brindan las familias directamente, todos ellos han de estar regidos por el principio común de garantizar la calidad y evitar la exclusión social, especialmente en una región tan heterogénea y de tantos contrastes como América Latina y el Caribe.

Marco Stampini es especialista líder en protección social en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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