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América Latina y el Caribe está envejeciendo a un ritmo acelerado y sin precedentes. En estos momentos, un 11% de sus habitantes son mayores de 60 años, porcentaje que aún no permite hablar de población envejecida como en el caso de Europa (23,9%) o América del Norte (20,8%). Sin embargo, se prevé que en 2030 la población mayor de 60 años alcanzará el 17% y en 2050, uno de cada cuatro habitantes de la región habrá superado esa edad. Europa necesitó 65 años para recorrer el mismo camino. Se calcula que Norteamérica necesitará 75 años.

En tan solo tres décadas, la población de adultos mayores de 60 años en América Latina y el Caribe será similar a las cifras que hoy se observan en Alemania, Holanda, Suiza o Dinamarca. No todos los países envejecerán por igual, según previsiones de la Organización de las Naciones Unidas. Guatemala, Guyana y Haití lo harán a un ritmo más moderado y en 2050 alcanzarán los niveles de la China actual, con un 15% de mayores de 60 años. Pero Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay podrán compararse con Alemania, Finlandia o incluso Japón, con cerca del 30% de adultos mayores.

Vivir hasta edades más avanzadas es una buena noticia, pero plantea una serie de desafíos para los gobiernos de los países con altos índices de población de estas características. A medida que las sociedades envejecen aumenta la proporción de personas con dificultades para el desarrollo normal de sus actividades diarias y que necesitan de la ayuda y el cuidado de otros. La familia ha sido, tradicionalmente, la principal encargada de dispensar esos cuidados, pero el descenso de las tasas de natalidad, la reducción de su tamaño y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo están transformando esta realidad.

El creciente aumento en la demanda de servicios de cuidados combinado con el descenso del número de personas que los solían proporcionar de forma informal va a requerir medidas concretas por parte de los políticos encargados de tomar decisiones relativas a la salud y la protección social. Los países deben prepararse para afrontar las presiones que vendrán y cuanto antes lo hagan, menores serán las condiciones de vulnerabilidad o exclusión social de los adultos mayores.

El BID considera que en 2015 un 1% de la población de esta región (unos cuatro millones de personas) ya podía ser considerada dependiente

El envejecimiento de la población trae consigo importantes desafíos en los sistemas de pensiones y de salud. Los cambios demográficos en América Latina y el Caribe implican un descenso en la cantidad de personas en edad de trabajar lo que obliga a que un número menor de cotizantes tenga que costear las necesidades de una cantidad cada vez mayor de beneficiarios de los sistemas de seguridad social. Pero, además, una mayor proporción de adultos mayores aumentará la demanda de servicios de salud, especialmente de aquellos relacionados con las enfermedades crónicas que son, generalmente, los más costosos. En la región estas enfermedades se combinan habitualmente con altos índices de enfermedades infecciosas, factor que supone una presión adicional para la sanidad pública.

Con el objetivo de proporcionar a los gobiernos información precisa que permita diseñar políticas efectivas y ajustadas a la realidad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha creado un Observatorio del Envejecimiento y Cuidados centrado en documentar la situación demográfica de los países latinoamericanos y caribeños, el estado de salud de sus adultos mayores, sus limitaciones y su grado de dependencia, además de sus principales características socioeconómicas. En el futuro, el objetivo es poner en funcionamiento una plataforma interactiva disponible on line que incluya información tanto sobre los factores que determinan la demanda de cuidados como sobre la oferta y el costo de los servicios, y a la que puedan acceder los encargados de tomar decisiones al respecto o los profesionales del sector.

Aunque el Observatorio aborda los temas de las pensiones y la salud, su propósito principal es llenar el vacío existente en el área específica de los cuidados a la dependencia que, inexorablemente, va a acabar afectando a todos los países de América Latina y el Caribe. El BID considera que en 2015 un 1% de la población de esta región (unos cuatro millones de personas) ya podía ser considerada dependiente y prevé que para el año 2050 esa cantidad habrá aumentado al 3% (unos 20 millones). Sin embargo, el diseño de políticas universales a largo plazo que mejoren la oferta de cuidados para las personas dependientes aún no ha tomado fuerza. El tener una visión lo más completa posible de las necesidades actuales y futuras de cuidados y el analizar la capacidad de respuesta que puedan tener las instituciones públicas o privadas y las familias ante las demandas de una población envejecida ayudarán a que los adultos mayores vean y vivan su futuro con optimismo.

Marco Stampini es especialista líder en protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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