El fiscal del Supremo Javier Zaragoza asegura que las reformas judiciales derivarán en una “democracia con tintes autoritarios”

La reforma de la acusación popular y de las oposiciones a judicatura y fiscalía “pueden limitar y restringir considerablemente la independencia judicial”, entiende el fiscal de sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, que en la conferencia inaugural de un foro del digital OKDiario este jueves en Marbella ha considerado que modificaciones legales como estas, aún pendientes de aprobación en el Congreso, pueden debilitar el Estado de derecho.

Zaragoza ha cargado también contra la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que impulsa el Ministerio de Justicia, que deja la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales y avalada de forma unánime por el Poder Judicial, porque entiende que llega “el peor momento posible”, cuando “la fiscalía tiene, al menos en la percepción social, la imagen de una mayor dependencia del Gobierno o del Poder Ejecutivo”. “Más que nunca”, ha recalcado en el encuentro, al que también ha asistido el juez de la Audiencia Nacional y exconsejero de justicia de la Comunidad de Madrid Enrique López, y a la que la web que dirige Eduardo Inda anunció que asistirían los también jueces de la Audiencia Manuel García-Castellón, ya jubilado, y Eloy Velasco. La modificación de la Lecrim necesita de “un consenso político e institucional muy amplio” del que, ha dejado caer, carece. “La independencia judicial está en riesgo”, ha alertado Zaragoza en la misma conferencia, y “solo un sistema judicial independiente asegura el mantenimiento del Estado de derecho”.

Para el fiscal de sala, las iniciativas y reformas abocan a dos vías: “[O] fortaleciendo, en la forma que conocemos; o dejando que las cosas sucedan y debilitarlo, transitando hacia una democracia con tintes autoritarios o autocráticos”. Y ha recalcado que reformas como la de la acusación popular “han puesto en alerta a la totalidad del mundo jurídico y judicial”. El fiscal ha calificado al ministerio fiscal de ser “una institución importantísima que, en estos momentos, vive una crisis institucional sin precedentes”, en referencia tácita a la investigación del fiscal general de Estado por la supuesta filtración de un correo del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal de sala ha protagonizado en los últimos años un enfrentamiento abierto no solo contra García Ortiz, sino también contra las decisiones más relevantes en materia de justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, como el indulto o la amnistía a los dirigentes secesionistas.

El artículo 63 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal considera como una falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición”.

Zaragoza es fiscal de sala del Tribunal Supremo, la máxima categoría de la carrera, y fue uno de los fiscales que lideró la acusación por rebelión a los líderes del procés tras el referéndum ilegal de independencia del 1-O. Zaragoza era un veterano asociación de la Unión Progresista de Fiscales, pero se dio de baja de esa asociación en 2023 en desacuerdo por la decisión del fiscal general del Estado de nombrar a su predecesora, Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, un nombramiento que fue posteriormente anulado por el Supremo.

Las mayores diatribas de Zaragoza este jueves se han dirigido a los cambios de la acusación popular, que entre otras cosas prohíbe que los partidos políticos puedan ejercerla, porque constituyen “una reforma legal ad hoc o ad hominem y “claramente inconstitucional porque limita arbitrariamente el derecho a la tutela judicial efectiva”, ha enfatizado. La propuesta de reforma impulsada por los socialistas llega tras la investigación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la que están personados Vox y Iustitia Europa; y de David Sánchez, su hermano, en el que está personado Vox.

La censura de Zaragoza a esa reforma ha sido en forma y fondo. En forma, por presentarse como una proposición de ley (es decir, de un partido político, en este caso el PSOE) y no como un proyecto de ley del Gobierno, “eludiendo [así] los controles o los informes de los órganos consultivos del Estado: el Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal, como ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Amnistía”. Y ha criticado el cambio en su fondo, porque entiende que “recorta de forma significativa el ejercicio de la acción popular”. “No acabo de entender por qué se excluyen los delitos de terrorismo, determinados delitos contra la administración pública (como la prevaricación, la desobediencia, la infidelidad en la custodia de documentos, la revelación de secretos o información confidencial), el blanqueo de capitales (que es un tipo penal clave para combatir eficazmente la corrupción) y el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que también es un instrumento penal muy válido para luchar contra la corrupción en el poder”.

También, entiende Zaragoza, la reforma anularía “por completo” la intervención de la acción popular durante la instrucción del proceso y limita la presentación de querellas y denuncias. “El juez parece estar obligado a rechazar automáticamente una denuncia o querella cuando esté fundada exclusivamente en recortes o noticias periodísticas. Pero detrás de esos recortes y noticias, en la mayoría de los casos, suelen existir indicios o elementos que justifican su publicación”, ha asegurado, sin mencionar el riesgo de basar en meros bulos publicados iniciativas penales.

El fiscal de sala ha sido, de inicio, menos duro contra la reforma de la carrera judicial, recién aprobada por el Gobierno, que blinda las becas y ofrece más facilidades a los opositores, algo que ha valorado, pero enseguida ha entrado en matices: “Surge la pregunta de por qué se limita únicamente a las profesiones de juez y fiscal, y no se extiende a otras oposiciones, como las de abogado del Estado [en realidad, las becas sí que cubren a los opositores a este cuerpo], registrador o notario, cuando el perfil del cuerpo de opositores es, en esencia, el mismo”, ha asegurado. La reforma es peor que el sistema vigente. “El sistema actual de oposiciones es el que mejor garantiza la igualdad. Yo mismo fui el primero de mi familia en ingresar en la carrera judicial gracias a una beca basada en el principio de igualdad de oportunidades (...) El sistema actual es el que garantiza que pueda ser juez o fiscal tanto el hijo de un fontanero como el hijo de un magistrado”, ha dicho, y también “personas de muy variada sensibilidad ideológica”.

En cambio, el nuevo sistema, “más que el mérito o la capacidad, puede primar el sesgo ideológico de los opositores que se seleccionen. Esto sucede porque se aumenta la discrecionalidad en la forma de llevar a cabo ese proceso selectivo”, ha afirmado.

Zaragoza ha negado de plano que exista judicialización de la política y lawfare. “Los jueces y tribunales lo único que hacen es tratar de cumplir escrupulosamente con sus funciones”, ha dicho. Cosa bien distinta es la politización de la justicia, de la que ha asegurado que ocurre “desde hace muchos años”: “Las injerencias e intromisiones de la política en la justicia son evidentes”, ha sentenciado con dos ejemplos: la ley del solo sí es sí y la de amnistía.