Compromís denuncia a Educación por no contratar a casi 2.000 profesores como exige una sentencia

Compromís ha denunciado ante la Fiscalía a la Consejería de Educación, dirigida por José Antonio Rovira, del PP, por prevaricación y desobediencia ante su incumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre los acuerdos de aumento en la contratación de profesorado. El anterior gobierno autonómico, del Botànic, pactó con los sindicatos la contratación de 1.898 profesores no universitarios para el curso 2024-25, en el llamado Acuerdo de Plantillas.

La sentencia firme del TSJCV estableció en septiembre que los acuerdos para ampliar la plantilla fija de profesores alcanzados por el Botànic estaban vigentes. El acuerdo firmado por la entonces titular de Educación, Raquel Tamarit, de Compromís, con los sindicatos suponía la la contratación de 5.000 docentes en dos cursos, 2023-2024 y 2024-2025. Con el cambio de gobierno, el consejero de Educación del PP, Rovira, denunció que esos acuerdos eran ilegales pues cuando se firmaron en 2023 el Botànic estaba en funciones. El TSJCV desestimó esta denuncia.

“Han pasado demasiados meses sin que la consejería haya movido un dedo para ejecutar la sentencia”, ha criticado Gerard Fullana, portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas, que ha presentado la denuncia. “El actual gobierno es capaz de cometer ilegalidades para recortar profesorado”, ha añadido Fullana.

El consejero Rovira ha señalado este jueves en un acto en Castellón que “el Botánico firmó el acuerdo sin ninguna dotación ni memoria económica. Lo cumplimos el primer año porque consistía en mejorar. Pero esta segunda parte no es mayor dotación para el alumnado sino que se encamina a la codocencia [varios docentes por clase] o la reducción de horarios en equipos directivos, con lo que no estamos de acuerdo”.

No hay presupuesto

El consejero ha participado este jueves junto al ministro Ernest Urtasun en la cesión de la nueva sede del Archivo Histórico de Castellón por parte del Ministerio de Cultura. Rovira ha admitido ante los periodistas que no hay presupuesto para cumplir con esa ratio. “Respetamos la decisión judicial pero cumpliremos el acuerdo en función de las cuestiones presupuestarias”, ha señalado.

Representantes de STEPV-Intersindical Valenciana y la Plataforma per l’Ensenyament han pedido la dimisión del consejero —y la del presidente Carlos Mazón— en una protesta durante el acto en Castellón y han reivindicado la enseñanza en valenciano, ante la inminente consulta sobre la lengua base en los centros que impulsará el Consell, y una apuesta por la escuela pública al grito de ‘Més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat’ y ‘Volem plantilles a les escoles’.

Marc Candela, del Stepv, sindicato mayoritario en el profesorado de la educación pública valenciana, apoya la iniciativa de Compromís. “Es muy grave que la ampliación de plantilla no estuviera en los presupuestos de 2024″, denuncia. El curso académico comienza en septiembre y el día 18 de ese mes la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV dictó la sentencia firme. La decisión se saldó con la dimisión de los responsables de personal docente de consejería.

Educación denunció el acuerdo del Botànic en mayo de 2024. “Meses después de publicar los presupuestos”, explica Candela. “Nuestro sindicato, el Stepv, prepara un escrito para informar de la situación al tribunal e instarle a que actúe”, asegura.

En junio de 2024, Rovira dijo que en el curso 2024-2025 habría 1.000 profesores más, al rebajar los acuerdos del Botànic. Según el sindicalista Candela, solo se ha contratado a 18 personas de las 2.000 acordadas con el Botànic.

“Alrededor de 1.000 profesores esperan ser adjudicados. Normalmente, no siempre, son plazas que necesitan los centros para reforzar especialidades, como música, por ejemplo. En secundaria, bachillerato y FP hace falta adjudicar horas para tutorías, desdoblar aulas, refuerzo...Es importante para mejorar la atención del alumnado más necesitado”, sentencia Candela.

Compromís remarca en su denuncia que el incumplimiento de la resolución del tribunal durante cuatro meses ha tenido “efectos irreparables en docenas de miles de alumnos”. La educación pública no universitaria en la Comunidad Valenciana engloba a unos 68.000 docentes y 802.000 estudiantes.

Los profesores que no han sido contratados todavía lo verán reflejado en su cotización. La Generalitat no les pagará las vacaciones de verano ya que habrían sido estabilizados a partir del 31 de diciembre.

“La decisión de denunciar los acuerdos la tomó la Consejería de Educación como respuesta a la huelga educativa del 23 de mayo”, ha acusado Fullana este jueves. “Los delitos denunciados se agravan porque hay consecuencias sociales para los afectados y económicas para la Administración”, ha explicado. El responsable de Educación de los valencianistas ha asegurado que el TSJCV emitió un auto la semana pasada “donde se advierte de forma contundente al consejero de Educación y le obliga a determinar, con nombres y apellidos, a los responsables del incumplimiento de la sentencia”, ha resaltado.

Rovira ha asegurado que la denuncia de Compromís por prevaricación y desobediencia va ligada a la consulta del idioma base en las escuelas. “Compromís, desde la dana, está jugando un papel descabezado y creo que todo es consecuencia de que el próximo mes los padres van a elegir en los colegios de toda la Comunidad Valenciana la lengua base para sus hijos; va a ser un sistema equilibrado y en aquellas zonas castellanohablantes se va a acabar la imposición de asignaturas en valenciano. Ese es el problema real”, ha dicho. “No sé por qué Compromís no quiere que los padres elijan por sus hijos. Los niños no son de ningún partido político”, ha dicho.