Sufrimiento inútil

Frank nos envió un mensaje por Messenger. Estaba en Murcia, en casa de un amigo. En el Servicio Jesuita de Migrantes le habíamos conocido en el CIE de Tarifa. La primera vez que le visitamos, llevaría un par de semanas dentro del centro. Aquella tarde asistimos a la puesta en libertad de un grupo de cuarenta y tantos, todos subsaharianos. Sin embargo, a él no le dejaron salir.

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De la patera al CIE

Después de meses de soplar Poniente, el viento cambió a Levante, las nieblas bajaron y se encalmó la mar: en esas condiciones se embarcaron muchos marroquíes rumbo a España. Como son más fáciles de identificar y devolver, había que liberar plazas en los CIE para internarles y poderles deportar. Y los subsaharianos, al ser más difícil su identificación, serían puestos en libertad. Sin embargo, no pusieron en libertad al grupo de ghaneses entre los que estaba Frank. No sabía por qué. Tres semanas más tarde, cuando llevaba un mes internado, seguía desconcertado, sin saber por qué seguía internado, cuando veía poner a otros en libertad. Cuando le llegó el turno, tuvo que partir de cero. El mes largo que había estado internado no había servido para nada. Desde luego, no para darle herramientas de integración, pero tampoco para devolverlo a su tierra, al no haber quedado bien establecida su identidad.

El caso de Frank es el de la inmensa mayoría de personas internadas en CIE en 2017: un 86 %, recién llegadas a España, con una orden de devolución por entrada ilegal o quebrantamiento de la prohibición de entrada. Fue internada la cuarta parte de personas entradas irregularmente. De las internadas, solo un tercio fue devuelta o expulsada.

En los CIE seguía habiendo un 10 % de personas con procedimientos de expulsión por estancia irregular. El 4 % restante tenía procedimientos de expulsión relacionados con la comisión de algún delito: cumplida la pena de cárcel o como pena alternativa. Este es el caso de Presley, ciudadano de la Unión Europea de un país del Este. Contó su vida en una hora. Una novela picaresca narrada con salero: al salir del orfanato, se reunió con su madre, que había rehecho su vida en España; desde entonces dio tumbos en la pequeña delincuencia. Un superviviente nato. Se le expulsó por la acumulación de causas penales. Ahora aprenderá a sobrevivir en un país que le será bastante más extranjero que España.

El caso de Presley se parece a los de personas recién desembarcadas en España tras unos años de expulsión en su país de nacionalidad, llegada después de muchos más años en España, a veces desde que nacieron. Amín contaba que había pasado los años de expulsión en Castillejos, ofreciéndose como guía a los turistas españoles, de quienes se sentía compatriota. Salvo el pasaporte, nada le ligaba a Marruecos. En el CIE con un procedimiento de devolución, lo tenía crudo.

También da qué pensar la situación de algunos internos que llevaban veinte o veinticinco años en España sin haber conseguido regularizar su situación: habían echado raíces en España sin que nunca se pudiera reconocer su arraigo. Llevaban años sobreviviendo más que viviendo, siendo explotados más que trabajando.

Situaciones como las apuntadas pueblan la labor de los equipos SJM que visitan los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa. El Informe CIE 2017 se hace eco, resaltando el sufrimiento inútil que padecen tantas personas para las que el CIE es, en realidad, puerta de entrada más que de salida. Y vislumbra los CIE como nuevos lazaretos, a imagen de aquellos lugares en los que se encerraba a las tripulaciones de los barcos que llegaban a puerto, hasta que pasaran la cuarentena.

El informe se apoya tanto en la observación directa de los equipos SJM como en la interpretación de las cifras que proporciona el Ministerio del Interior a través del Portal de la Transparencia. Además, incide en una situación escandalosa, producida en 2017: la apertura de un CIE provisional en las instalaciones listas para funcionar como centro penitenciario Málaga II de Archidona: un CIE en fraude de ley. Como en los informes de años anteriores, se pasa revista a la labor de los juzgados de control y del Defensor del Pueblo: unos a través de autos, el otro a través de recomendaciones, tutelan los derechos de las personas internadas, contra decisiones y prácticas administrativas que incumplen el marco fijado por la ley y el reglamento. En este sentido, es un lujo contar con un prólogo de Ramiro García de Dios, que ejerció la labor de control jurisdiccional sobre el CIE de Aluche. Sus palabras son tan duras como certeras cuando se trata del internamiento y tan llenas de reconocimiento cuando se trata de la labor de las ONG que visitan los CIE, coadyuvando su propia labor de tutela de derechos.