Las violaciones de derechos indígenas de las inversiones chinas
Los autores denuncian que el gigante asiático no tiene en cuenta a las pueblos originarios en sus inversiones en Latinoamérica
Este año, China se presenta al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. Es un reto para el país asiático y sus empresas ante las violaciones de derechos humanos y medioambientales que serán denunciadas por varias organizaciones de América Latina. Pero también lo es para la ONU, que debe elegir entre el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio o continuar avalando el modelo que impone China en la región.
En su último EPU, la ONU recomendó especialmente al Gobierno chino el respeto por las minorías étnicas dentro y fuera de sus fronteras. Sin embargo, la actuación de las empresas de este país no sigue estas recomendaciones en América Latina y, por el contrario, las violaciones a los derechos humanos y al medioambiente continúan. Esa es la conclusión a la que llegan ONG, comunidades campesinas e indígenas latinoamericanas, como La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA y la Coalición Regional por la transparencia y la participación, en un informe que presentaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en el consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Aquí algunas de las violaciones cometidas por las inversiones chinas en América Latina:
Colombia: Bloque Petrolero El Nogal
Este proyecto ubicado en Caquetá, Colombia, es explorado y explotado por La compañía Emerald Energy PLC Colombia, filial de la estatal china Sinochem. La compañía china desconoce la riqueza ambiental de la región y la presencia de cinco comunidades indígenas, y evita realizar un proceso de consulta.
Pese a las denuncias, el diálogo no es opción para el Gobierno colombiano, que ha respondido con represión a las protestas de comunidades indígenas y campesinas con la policía y el ejército tal cual como lo vienen denunciando las Comisiones por la Vida del Agua (CVA) y la Asociación Ambiente y Sociedad.
Venezuela: Arco Minero
La región Arco Minero, ubicada en el Orinoco venezolano, es explotada por más de 100 empresas que buscan coltán y oro, incluidas las de capital chino Camc Engineering Co. Ltd. y Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang). Sin embargo, las compañías se niegan a reconocer y consultar a las 13 comunidades indígenas que habitan la zona, como lo denuncia Orpia, la organización regional de pueblos indígenas del Amazonas.
En paralelo a las protestas de las comunidades, se cometen violaciones a los derechos humanos por la policía y las mafias que cohabitan con la minería ilegal de la región. Las comunidades denuncian el hostigamiento de la fuerza pública, el asesinato de líderes nativos y los escasos estudios ambientales, ya que el entorno y las prácticas culturales indígenas serán afectadas por la deforestación y la contaminación que causa la explotación minera en su única fuente de agua, el río Orinoco.
Ecuador: Proyecto Cóndor Mirador
En Los Andes ecuatorianos se encuentra el proyecto Cóndor Mirador, un territorio declarado como área de bosque y vegetación protegidas por el Estado ecuatoriano, pero rica en cobre plata y oro. Este territorio indígena shuar fue concedido para su explotación a la empresa minera Ecuacorriente S. A. (ECSA), subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.
La comunidad shuar ha denunciado el proyecto ante el Banco de Desarrollo de China, que financia a la compañía, y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por la actuación de la policía y el ejército en el desalojo de 30 familias en una clara violación de sus derechos. Sin embargo, pese a los llamados al diálogo por parte de la comunidad, la violencia continuó con el asesinato de tres líderes opositores al proyecto.
Perú: Lote 58
15 comunidades indígenas habitan la zona del Lote 58, una región ubicada en la selva del Cusco y que contiene grandes reservas de gas. Con fines exploratorios se instaló la compañía Petrobras Argentina S.A., una filial de la compañía China National Petroleum Corporation (CNPC), actualmente el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China.
La empresa abrió cuatro pozos en la región y se encuentra a punto de comenzar la explotación, pero niega el derecho de consulta previa a las comunidades que habitan el lote, violando la legislación internacional y la constitución peruana, como denuncia la ONG DAR. Las comunidades afectadas por la contaminación exigen indemnizaciones a la empresa y piden al Gobierno una consulta sobre la nueva fase del proyecto.
Brasil: Represas Teles Pires y Sao Manoel en el río Teles Pires
El río Teles Pires, afluente del Amazonas, es el centro de la vida cultural de los pueblos kayabi, apiaká y mundurukul, además del motor de cuatro represas, dos de ellas, las hidroeléctricas Teles Pires y São Manoel, de las empresas chinas State Grid y la estatal China Three Gorges Corporation (CTGC).
Teles Pires inundó el lugar sagrado Siete caídas, de extrema importancia cultural y religiosa para el pueblo mundukuru, y la hidroeléctrica Sao Manoel afectará el Morro de los Monos, lugar de vivienda de los espíritus de animales para los kayabi y munduruku. Dichas comunidades habitan aguas abajo de las dos represas, nunca se les consultó por el futuro del río, como lo exige legislación de Brasil y la legislación internacional suscrita por este país. Por el contrario, el gobierno brasileño, antes de reconocer el daño sufrido a las comunidades, avala el proyecto argumentando interés nacional, social y económico.
China es el segundo inversor de América Latina, pero su respeto por los derechos socioambientales en la región contrasta con los pronunciamientos de su Gobierno en varios foros internacionales: su modelo de desarrollo no se verá truncado por ninguna ley internacional. Ahora, la ONU debe pronunciarse a favor de las comunidades latinoamericanas, los Derechos Humanos y el medioambiente o, por el contrario, sentará un precedente favoreciendo el desarrollo económico acompañado del desprecio a la legislación internacional.
Edwin Vasquez es miembro de COICA; Camilo Perdomo, de la Asociación Ambiente y Sociedad-Colombia y Jackeline Borjas, de DAR-Peru.
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