Morosidad universitaria

El sistema de préstamos universitarios iniciado en 2007 se ha convertido en una fuente de conflictos diez años después. El motivo es que han aparecido impagos, de un volumen significativo pero no inquietante, que demuestran la mala definición del programa de créditos para apoyar a los estudiantes sin recursos que deseaban cursar un máster o un posgrado. Si en un principio el programa impulsado por la ministra Mercedes Cabrera establecía un plazo de amortización de 15 años y que la obligación de devolver el dinero desaparecía si el estudiante no conseguía una renta de 22.000 euros, el endurecimiento posterior de los requisitos, la falta de información sobre estos cambios y la elevada tasa de paro juvenil han favorecido una morosidad que, según algunos cálculos, afectaría a unos 5.000 préstamos.

El conflicto surge porque los bancos, con toda la razón, no quieren asumir los impagos en sus balances y el Ministerio de Educación se resiste a aceptar su papel en este sistema fallido de ayudas. El dinero procedía (hasta que en 2012 se suspendió el programa) de Educación; el ICO lo encomendaba a los bancos para que estos, sin asumir la mora, lo concedieran a los solicitantes. Es el ministerio quien, en caso de impago, debe instar a Hacienda para que este reclame lo debido. El embargo al que fue sometida una estudiante a instancias de Unicaja es incorrecto y así parece haberlo entendido la entidad.

Para resolver este embrollo es obligado que Educación tome la iniciativa, que la norma aplicable a los préstamos todavía vivos vuelva a la idea original de no exigir la devolución si en 15 años el tomador ingresa menos de 22.000 euros y cuantificar con exactitud la morosidad. La enmienda del PSOE en este sentido fue incomprensiblemente rechazada. El primer paso es negociar con cada uno de los morosos para sondear su disposición a devolver el dinero. Todo menos convertir este caso en una montaña de despropósitos.